La Procuraduría General de la Nación solicitó explicaciones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre el manejo de la intervención a la empresa Air-e, encargada de la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. El organismo de control aseguró que la información entregada por la Superservicios ha sido insuficiente y poco clara frente al futuro de la electrificadora.
Según el Ministerio Público, persisten dudas sobre las medidas adoptadas para evitar una eventual liquidación de la compañía, así como sobre los constantes cambios de agentes interventores desde que el Gobierno nacional asumió el control de la empresa en septiembre de 2024.
La Procuraduría indicó que la Superservicios no detalló las estrategias para garantizar la continuidad administrativa ni explicó cómo se mantiene la trazabilidad de las decisiones tomadas durante el proceso de intervención. Además, cuestionó que aún no exista un plan definitivo que permita asegurar la estabilidad financiera y operativa de Air-e.
El ente de control también pidió información concreta sobre las deudas con generadoras energéticas, los subsidios pendientes y las medidas para garantizar la prestación continua del servicio en la región Caribe. Asimismo, requirió conocer las acciones previstas en caso de una eventual liquidación de la empresa y los impactos que esto tendría en el mercado energético nacional.
La Procuraduría reiteró que el seguimiento al proceso es prioritario debido a la importancia estratégica del servicio de energía para millones de usuarios en la Costa Caribe y advirtió que continuará vigilando las actuaciones de la Superservicios frente a la situación de Air-e.
