El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, expidió la Directiva 008 de 2026, mediante la cual exhorta a las autoridades del sector salud a adoptar medidas inmediatas para eliminar las barreras que dificultan el acceso al certificado de discapacidad para niños, niñas y adolescentes en el país. El Ministerio Público advirtió que, tras un ejercicio de función preventiva, se han identificado diversos obstáculos administrativos, geográficos y procedimentales que limitan la obtención oportuna de este documento esencial.

En el marco de esta directiva, se instó al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a las secretarías de salud territoriales a garantizar que el procedimiento de certificación sea accesible y libre de trabas para las familias. La entidad busca que el sistema de salud responda con celeridad para asegurar que la población infantil con discapacidad cuente con el respaldo institucional necesario sin enfrentar procesos burocráticos agotadores.

Respecto al ámbito educativo, la Procuraduría fue enfática al recordar que el certificado de discapacidad no constituye un requisito para el acceso, permanencia o matrícula de los menores en el sistema escolar. No obstante, el ente de control aclaró que el documento puede ser utilizado de manera excepcional como un insumo de apoyo para identificar necesidades específicas de los estudiantes, facilitando así la implementación de ajustes razonables y apoyos pedagógicos que garanticen una educación inclusiva.

Finalmente, el organismo de control anunció que iniciará un seguimiento preventivo riguroso a la implementación de estas instrucciones en todo el territorio nacional. Con este monitoreo, la Procuraduría General de la Nación pretende fortalecer la garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, asegurando que las instituciones cumplan con su deber de protección y asistencia.