La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de varias entidades estatales, ante posibles hechos de extralimitación de funciones, acoso y violencia de género relacionados con la contratación de personal mediante contratos de prestación de servicios.

La actuación disciplinaria involucra a la Dirección General Administrativa del Congreso de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y Nacional de Salud.

Según informó el organismo de control este lunes 26 de octubre, la investigación preliminar se originó a partir de información divulgada recientemente por medios de comunicación y redes sociales, en la que se advierte que algunas mujeres presuntamente habrían sido contratadas por entidades públicas con propósitos distintos a la atención de las necesidades del servicio.

Con esta indagación, la Procuraduría busca establecer quiénes serían los posibles responsables, precisar las conductas que habrían ocurrido y determinar si hubo irregularidades disciplinarias. También verificará el cumplimiento de las directrices sobre prevención y atención de la violencia de género impartidas por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, mediante la Circular 006 del 10 de septiembre de 2025.

Como parte de las pruebas iniciales, el organismo solicitó a las entidades involucradas un listado de las mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios desde 2019 hasta la fecha.

La apertura de esta indagación constituye una etapa preliminar del proceso y no implica, por sí misma, que se haya establecido la responsabilidad de algún funcionario.