La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses a Alfredo Saade, jefe de despacho de la Presidencia, en medio de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la expedición de pasaportes en el país.
El órgano de control señaló que Saade se habría extralimitado en sus funciones al impartir órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para “racionalizar” o retrasar la asignación de citas de pasaportes, en momentos en que avanzaba la nueva alianza entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para fabricar dichos documentos.
La Procuraduría advirtió que la permanencia del funcionario en su cargo “podría eventualmente desplegar comportamientos abusando del ejercicio de sus funciones”, y que la medida busca proteger la adecuada prestación del servicio de expedición de pasaportes, ligado directamente al derecho fundamental a la libre locomoción.
La suspensión de Saade se suma a la investigación que el pasado 9 de julio abrió el ente de control contra los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, también vinculados al proceso de licitación. Según la excanciller Sarabia, Saade habría intervenido de manera directa en el manejo del contrato de pasaportes, llegando incluso a dar órdenes contrarias a las suyas: mientras ella proponía prorrogar el contrato con Thomas Greg hasta el 1 de septiembre, él habría instruido retrasar la asignación de citas para “hacer rendir” el inventario existente.
El 6 de agosto, la Procuraduría realizó una visita a la Imprenta Nacional y reportó “respuestas vacías, contradictorias y poco convincentes” sobre los estudios previos y la justificación del convenio con Portugal. También halló fallas en la planeación contractual, ausencia de sustento técnico y financiero, y la proyección de vigencias futuras por más de 1,3 billones de pesos hasta 2036 sin autorización del CONFIS ni un documento CONPES, como exige la ley.
Con esta decisión, el Ministerio Público busca garantizar que el Ministerio de Relaciones Exteriores continúe el proceso contractual de pasaportes bajo parámetros de legalidad y transparencia, sin injerencias indebidas.
