Siete meses después de que el Distrito de Barranquilla finalizara la demolición de las torres del edificio Privilegios, las 52 familias afectadas denuncian que se encuentran en un limbo jurídico y económico. El abogado Roberto Tapia, apoderado de los propietarios, señaló que, a pesar de que la estructura fue derribada totalmente entre julio y septiembre de 2025 tras las fallas críticas presentadas en noviembre de 2024, la administración no ha concretado los acuerdos de pago pactados.

De acuerdo con el jurista, de los 52 apartamentos afectados, 32 ya cuentan con todos los requisitos legales y limitaciones de dominio levantadas para ser adquiridos por el Distrito. Sin embargo, Tapia afirma que la Gerencia de Ciudad ha evadido las reuniones de cierre durante el último semestre, ignorando presuntamente los requerimientos de la Procuraduría y dejando a los ciudadanos sin su patrimonio físico y sin la compensación económica correspondiente.

La situación es crítica para los propietarios, quienes actualmente deben costear arriendos por su cuenta sin recibir subsidios de vivienda por parte de la alcaldía. El abogado enfatizó que, tras la demolición de los inmuebles, el compromiso era sentarse a evaluar los avalúos para proceder con la cancelación de los predios, un proceso que hoy cumple siete meses de parálisis administrativa mientras las familias permanecen en la calle.

Este caso reaviva la histórica crisis de la zona de ladera en Barranquilla, que afecta a sectores como Campo Alegre y Colina Campestre desde hace dos décadas. Mientras los propietarios de Privilegio exigen atención inmediata para no recurrir a vías de hecho o bloqueos, otros procesos judiciales por licencias de construcción otorgadas en terrenos presuntamente inestables siguen a la espera de sentencias definitivas que brinden una solución real a los damnificados.