La diputada del Atlántico, Alejandra Moreno, alertó sobre la creciente cifra de violencia de género en el departamento, donde se han registrado 44 mujeres asesinadas, de las cuales siete han sido tipificadas como feminicidio. La preocupación central radica en que varios agresores con orden de captura vigente continúan en libertad.
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Ante esta situación, la diputada Moreno propuso formalmente a la Gobernación del Atlántico, la Policía y la Fiscalía unir esfuerzos para publicar el cartel de los más buscados de los feminicidas. El objetivo es enviar un mensaje de «tolerancia cero» frente a la violencia contra la mujer y utilizar la colaboración ciudadana para lograr las capturas. La propuesta incluye la asignación de recompensas por información, pues sostiene que muchos feminicidas caminan a la vista del público y existe un riesgo real de que «vuelvan a asesinar si no son capturados». Mencionó como ejemplo el caso de un homicida con orden de captura por el asesinato de una mujer en Manatí, quien sigue libre.
En otro punto de la intervención, la diputada hizo referencia al caso de Jennifer Paola Ortega Vega, cuya familia ha manifestado preocupación por un posible vencimiento de términos que dejaría en libertad al agresor, a pesar de las investigaciones en curso. Moreno explicó que el proceso está estancado en el Tribunal, esperando una respuesta a un recurso de la defensa que lleva tres meses sin ser resuelto, lo que aumenta el riesgo de que el agresor obtenga una libertad provisional y pueda evadir la justicia.
Frente a la posibilidad del vencimiento de términos, la diputada confirmó que ha solicitado formalmente a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo que realicen un seguimiento exhaustivo del expediente de Jennifer Ortega. Moreno enfatizó que estas entidades, como garantes de derechos, deben acompañar el caso y no permitir que la lentitud procesal favorezca la impunidad, tal como ocurrió en un caso reciente donde un agresor, a pesar de haber reconocido el crimen, quedó libre por esta causal. La diputada concluyó que en el Atlántico hay un alto índice de impunidad, señalando que más de 2.000 mujeres tienen medidas de protección que, lamentablemente, no siempre son suficientes para eximirlas de un escenario violento.
