Prosperidad Social inició una revisión de contratos, convenios y actuaciones administrativas realizadas durante el gobierno anterior, luego de identificar situaciones que, según la entidad, requieren un análisis técnico y jurídico más profundo.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, aseguró que la entidad encontró contratos y donaciones que considera dudosos, además de actuaciones administrativas y recursos cuya ejecución y legalización están siendo verificadas.

Entre los asuntos bajo revisión hay contratos de altos montos cuya ejecución se habría concentrado durante los meses de la campaña presidencial, con el fin de determinar su justificación, cumplimiento y destinación de los recursos.

También se revisan más de una decena de nombramientos en provisionalidad cuestionados por el sindicato, cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias y convenios, y más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad aún no ha sido verificada.

La entidad igualmente analiza donaciones realizadas durante el primer semestre de 2026, sobre las cuales, según informó, no existe claridad suficiente sobre los beneficiarios finales, así como otros procesos de difusión y actuaciones contractuales y administrativas.

Suárez afirmó que las revisiones surgieron principalmente de alertas, denuncias e información entregada por funcionarios, sindicatos y organismos de control. “No vamos a encubrir ni minimizar ninguna alerta de corrupción o irregularidad. Lo que encontremos, lo documentaremos y lo pondremos en conocimiento de las autoridades”, señaló.

Prosperidad Social aclaró que esta etapa corresponde a un proceso de verificación y no constituye una determinación de responsabilidad. Los hechos que puedan tener implicaciones disciplinarias, fiscales, penales o administrativas serán remitidos a las autoridades competentes, respetando el debido proceso.

La directora sostuvo que el objetivo es establecer con rigor qué ocurrió y proteger los recursos públicos destinados a los programas de la entidad. “Cada peso público debe poder explicarse y cada decisión administrativa debe ajustarse a la ley”, afirmó.

La entidad anunció que informará los avances y resultados de las revisiones a medida que se obtengan conclusiones.