Un proyecto de ley crucial, cuyo objetivo es lograr la justicia tarifaria en el servicio energético colombiano, y que busca específicamente reducir las tarifas eléctricas para los ciudadanos, ha sido archivado en la Comisión Sexta del Senado. El senador Antonio José Correa, impulsor del proyecto, expresó su profunda decepción, alegando que la decisión de detener su avance privilegia los intereses económicos por encima de las necesidades de la población, en particular de la Región Caribe .
Según el senador Correa, a pesar de estar a pocos debates de convertirse en ley, el proyecto de ley se estancó debido a lo que describió como maniobras «inexplicables» de algunos representantes. Destacó que la decisión de algunos coponentes de programar sesiones descentralizadas, con el cierre del período legislativo ordinario el 20 de junio, impidió su avance.
La legislación propuesta buscaba introducir varios cambios significativos:
- Modificar la fórmula tarifaria para garantizar la equidad.
- Eliminar cobros injustos en las facturas de electricidad.
- Garantizar la transparencia en la facturación, asegurando que sólo se incluyan los cargos por servicios energéticos (excluyendo alumbrado público o saneamiento).
- Proporcionar acceso gratuito al alumbrado público para los estratos 1 y 2 .
- Evitar la transferencia de pérdidas técnicas a los usuarios y, en su lugar, responsabilizar a los operadores.
- Fomentar nuevas inversiones para reducir las pérdidas técnicas.
- Reformar la CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas) para asegurar garantías de tarifas más bajas y protección al consumidor.
- Promover la energía limpia mediante incentivos.
El senador Correa atribuyó el revés del proyecto de ley a un supuesto cabildeo por parte de los monopolios del alumbrado público y algunos operadores y comercializadores de energía . Mencionó específicamente a los representantes Ciro Rodríguez (Partido Conservador, Norte de Santander) y Daniel Carvalho Mejía (Partido Verde, Antioquia), acusándolos de proponer tácticas dilatorias, como la programación tardía de audiencias en áreas irrelevantes, para, en efecto, «darle cristiana sepultura» al proyecto.
Lamentó que ni siquiera se hubieran planificado audiencias para las regiones más afectadas por las altas facturas de energía. Correa enfatizó que el proyecto de ley buscaba que los operadores y el Estado asumieran directamente las pérdidas técnicas, que actualmente rondan el 29-30% y se trasladan directamente a los consumidores.
A pesar de este revés, el senador Correa anunció su intención de reintroducir el proyecto de ley el 20 de julio en el nuevo periodo de sesiones legislativas. Expresó su esperanza de un renovado consenso y apoyo del Ministerio de Minas y Energía y de diversas bancadas del Congreso, y se comprometió a seguir luchando por tarifas justas para todos los colombianos. Criticó al Congreso actual, afirmando que «una parte del Congreso se preocupa por intereses particulares en lugar del interés general».
El senador subrayó la importancia crítica de este proyecto de ley para la Región del Caribe, donde los altos costos de la energía han sido durante mucho tiempo una carga significativa para los hogares, las industrias y las empresas, impactando la creación de empleo y el bienestar económico general.
