El proyecto de restauración del Canal del Dique, un contrato firmado en diciembre de 2022 con acta de inicio en junio de 2023, se encuentra a la espera de una autorización clave de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para poder avanzar hacia la fase de construcción. Según el Dr. Carlos Rosado, vocero de SASIR, la concesión, la principal barrera para iniciar las obras definitivas es la obtención de una nueva licencia ambiental, requerida por el Gobierno.
Para conseguir esta licencia, es indispensable realizar un estudio de impacto ambiental (EIA), cuyo costo se estima en cerca de 80 millones de pesos. La concesión está a la espera de que la ANI defina las condiciones de pago y el monto exacto para financiar este estudio. «Lo que falta es que la ANI me diga, ‘Adelante, proceda.’ Estamos de acuerdo con los costos y lo vamos a pagar de esta forma para que yo pueda iniciar de manera inmediata el estudio de impacto ambiental y eso es lo que esperamos obtener antes del 30 de junio», señaló Rosado.
El EIA se demoraría aproximadamente 14 meses en completarse, a lo que se sumarían entre tres y cuatro meses para que el Gobierno apruebe dicho estudio y otorgue la licencia ambiental. Solo después de este proceso se podrán iniciar las obras de gran envergadura.
Mientras tanto, la concesión continúa con las actividades de dragado de mantenimiento del canal y atendiendo las consultas previas y temas sociales. Rosado enfatizó que, aunque las obligaciones contractuales se cumplen, la comunidad y la generación de empleo dependen del inicio de las obras.
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Riesgo de Inundación y duración de las obras:
El Dr. Rosado advirtió que el riesgo de inundación persiste en la región. «Por supuesto que sí, la única diferencia en este momento es que nosotros como concesionarios estamos con la disposición y la obligación de atender estas emergencias en los sitios donde contractualmente se ha establecido», indicó.
Una vez iniciadas, las obras tendrían un plazo de ejecución de aproximadamente 3 años. Durante este periodo, se priorizarán las intervenciones en corregimientos, municipios y veredas para mitigar el riesgo de inundación, incluyendo el aumento de la altura de algunos diques y el reforzamiento de muros de contención.
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Compromiso del Gobierno y contexto JEP:
El vocero de SASIR aseguró que el Gobierno Nacional está comprometido con el proyecto y ha venido cumpliendo con los aportes financieros. «No hemos encontrado mayores inconvenientes, el gobierno viene cumpliendo con los aportes que deben hacerse a este proyecto y por supuesto nosotros también», afirmó Rosado, disipando preocupaciones sobre los recursos.
Respecto a la declaración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el Canal del Dique como víctima del conflicto, Rosado explicó que el estudio ambiental contempla un protocolo establecido y firmado que indica cómo atender cualquier hallazgo relacionado con el conflicto durante el desarrollo de la obra, similar a los protocolos arqueológicos.
Alcance y beneficios de las obras:
Las obras del Canal del Dique contemplan varios frentes, incluyendo adecuaciones de accesos y viales en algunos municipios. Sin embargo, destacan dos proyectos principales: el complejo de esclusas y compuertas en Calamar y el complejo en Puerto Badel (Bolívar), que incluirá un dique de cierre y otras esclusas.
Rosado describió estas estructuras como un «minicanal de Panamá», diseñadas para restaurar el ecosistema de cerca de 400.000 hectáreas controlando la entrada de agua al canal y a sus lagos, lagunas y ciénagas. Además, se busca garantizar el mantenimiento de la navegabilidad 24/7, lo cual es crucial para usuarios como Ecopetrol y el creciente desarrollo turístico de la zona, beneficiando a las embarcaciones.
Carlos Rosado, como vocero de SASIR, ha proporcionado esta información detallada para mantener a la comunidad informada sobre los avances y desafíos de este trascendental proyecto.
