Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación dejaron al descubierto una presunta red delincuencial dedicada al hurto de vehículos embargados en medio de procesos civiles, los cuales posteriormente eran comercializados en distintos municipios de Sucre y Cesar.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los integrantes de esta estructura ilegal habrían constituido sociedades comerciales para abrir dos parqueaderos en Sincelejo. Estos establecimientos recibían automotores inmovilizados y afectados por decisiones judiciales, pese a que no contaban con autorización para prestar ese servicio.

Según la investigación, una vez los vehículos quedaban bajo su control, presuntamente se apropiaban de ellos y los vendían a ciudadanos que los adquirían de buena fe, sin conocer su origen ilícito. De esta manera, al parecer, se apoderaron de por lo menos 13 carros, obteniendo beneficios económicos.

En una primera fase del proceso fueron capturados William Enrique Hernández Surmay, José de Jesús Pérez Martínez, Erwin David Lamadrid Méndez y Tony Alfonso Gutiérrez Arias, en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Por su parte, Carlos Enrique Campo Salina se presentó voluntariamente ante las autoridades.

Los cinco señalados fueron presentados ante un juez de control de garantías, y un fiscal de la Seccional Sucre les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Tres de los procesados aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

Las investigaciones continúan para establecer si existen más personas vinculadas a esta red y determinar la posible existencia de otros vehículos afectados.