La situación de orden público en Santa Marta continúa generando preocupación luego de las recientes acciones atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, también conocidas como ‘Los Pachencas’, que provocaron el cierre de establecimientos comerciales, colegios y vías, además de una fuerte presencia de la Fuerza Pública en diferentes sectores de la ciudad.

En diálogo con Noticias Ya, la defensora de derechos humanos e investigadora académica Norma Vera Salazar explicó que la actual crisis no puede entenderse como un hecho aislado ni como una situación surgida recientemente. Según su análisis, se trata de un conflicto con aproximadamente tres décadas de evolución y con raíces en estructuras paramilitares que posteriormente adoptaron diferentes nombres y fachadas criminales hasta consolidarse como las actuales Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Vera señaló que la organización mantiene una estructura dedicada a actividades como el narcotráfico, el microtráfico y la extorsión, lo que le permitiría contar con una importante capacidad financiera y logística. La investigadora sostuvo que esta estructura ha conseguido ejercer control sobre diferentes territorios y desarrollar mecanismos de comunicación que le permiten generar temor entre la población y paralizar sectores de la ciudad.

Uno de los hechos que más preocupación generó fue el cierre masivo de establecimientos comerciales. De acuerdo con la investigadora, hombres armados habrían recorrido distintos sectores para intimidar a comerciantes y ordenar el cierre de sus negocios, mientras estas acciones eran difundidas a través de redes sociales y cadenas de mensajería.

Para Vera Salazar, lo ocurrido evidencia las dificultades que enfrenta el Estado para recuperar plenamente el control territorial y demuestra que la respuesta frente a estas estructuras no puede limitarse únicamente a operaciones militares. Consideró necesario atacar las fuentes de financiación criminal, fortalecer la judicialización y establecer estrategias para combatir el narcotráfico, la extorsión y el reclutamiento de menores.

La investigadora también cuestionó las dificultades que se han presentado en algunos procesos judiciales contra integrantes de estas estructuras y mencionó investigaciones en las que miembros de la Fuerza Pública han sido señalados o judicializados por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Frente a estas denuncias, insistió en la necesidad de fortalecer los controles institucionales y la capacidad de investigación del Estado.

Sobre la posibilidad de avanzar en procesos de sometimiento, Vera planteó que quienes quieran abandonar las estructuras criminales deben contar con mecanismos jurídicos que permitan su salida, mientras que quienes decidan continuar en actividades delictivas deben enfrentar la acción de las autoridades. A su juicio, ambas estrategias deben desarrollarse de manera simultánea.

La defensora también advirtió que recuperar la normalidad en Santa Marta requiere algo más que presencia militar. Propuso que las autoridades locales y departamentales acompañen las operaciones de seguridad con acciones institucionales en los barrios, reapertura de colegios, brigadas de salud, jornadas sociales y acompañamiento a comerciantes y comunidades.

Mientras continúan las operaciones de seguridad y el seguimiento de las autoridades, la atención permanece puesta sobre Santa Marta y otros sectores del Magdalena, donde persiste la preocupación por nuevas acciones de los grupos armados y por el impacto que esta situación pueda generar en la población, el comercio y una ciudad con una importante actividad turística.