La carta enviada por la defensa de alias Castor, Jorge Lleres Díaz Collazos, al Gobierno Nacional para decretar una tregua en homicidios y extorsiones hasta el 30 de septiembre ha generado debate en el Atlántico. Para el analista político y profesor universitario Luis Trejos, la propuesta debe leerse con cautela y dentro del contexto criminal que atraviesa Barranquilla y su área metropolitana.
Trejos explicó que tanto los Costeños como los Pepes están a la expectativa de que el Gobierno defina si instalará una mesa de diálogo sociojurídico en la ciudad, que incluiría a alias Castor y a Digno Palomino, jefes de las organizaciones criminales con mayor influencia en la región.
Tres puntos clave de la carta de alias Castor
El profesor señaló tres aspectos llamativos de la comunicación:
- “Él no se reconoce como líder de los Costeños, sino que aparece como una especie de gestor o mediador con otra organización que lo reemplaza, llamada Bloque Resistencia Caribe”.
- “Ofrece servir como mediador con grupos delincuenciales de Bucaramanga, pero eso hay que tomarlo con pinzas. Ojalá esa decisión no la tome Bogotá sino la autoridad local”.
- “Solo se compromete una organización criminal. No sabríamos a ciencia cierta cuál sería el impacto real porque quedarían los Pepes delinquiendo”.
¿Qué es el Bloque Resistencia Caribe?
Sobre la organización mencionada en la carta, Trejos precisó que apareció en 2023 mediante un video y que se trataría de una estrategia de los mismos Costeños: “Crean ese alter ego para demostrar voluntad de paz ante el Gobierno, mientras siguen controlando las rentas ilegales”.
Expectativa moderada
Aunque alias Castor anunció que la tregua inició el 23 de agosto, Trejos subrayó que los homicidios continúan en la ciudad. “Ellos pueden evadir responsabilidades manifestando que están en tregua, pero es muy difícil de cuantificar. Si estas treguas no son multilaterales, los impactos terminan siendo más simbólicos que reales”, advirtió.
Futuro incierto, pero con opciones
El analista recordó que el proyecto de ley sobre sometimiento de bandas fue retirado del Congreso por falta de ambiente político, lo que deja sin marco jurídico estas iniciativas. Sin embargo, planteó que el Gobierno podría explorar alternativas dentro de la normatividad actual: “No se necesitaría una nueva ley. Se podrían negociar mejoras en condiciones carcelarias o aplicar figuras como la confesión de enriquecimiento ilícito, que ya existen en la legislación”.
Reducir homicidios como prioridad
Para Trejos, cualquier beneficio debe condicionarse a resultados concretos: “Lo primero es que baje la muerte. Si se logra sostener una disminución en homicidios, se podría pasar a la extorsión, que son los dos delitos de más alto impacto en el Atlántico”.
Finalmente, enfatizó en que la voz de las víctimas no puede quedar excluida: “Al menos debe garantizarse acceso a verdad y justicia. Posteriormente habría que pensar en escenarios de reparación”.
