En un contundente comunicado conjunto, los sindicatos ASUNTSSANAR, SINDISALUD y SINTRAFAMISANAR manifestaron su profunda preocupación tras los recientes anuncios del Gobierno Nacional sobre la posible liquidación de las EPS Asmet Salud, Emssanar y Famisanar. Las organizaciones gremiales alertaron que esta medida no solo pone en jaque la estabilidad laboral de más de 6.100 trabajadores, sino que deja en la incertidumbre la atención en salud de casi seis millones de usuarios distribuidos en 15 departamentos del país, incluyendo regiones críticas como el suroccidente, el Eje Cafetero y la Amazonía.

Para los líderes sindicales, la liquidación se está planteando como la única salida sin haber agotado otras alternativas de viabilidad financiera. Según el documento, existen herramientas como el pago de la cartera, procesos de capitalización y acuerdos de reestructuración que aún no han sido explorados con verdadera voluntad política. Sostienen que trasladar a una población tan masiva sin un plan técnico serio y previamente construido no soluciona las fallas del sistema, sino que, por el contrario, podría agudizar la crisis de atención en territorios donde estas entidades son la única alternativa para la población.

El pronunciamiento hace un énfasis especial en el componente humano detrás de las cifras, recordando que los 6.100 empleados afectados son, en su mayoría, cabezas de familia que sostienen a adultos mayores y personas con discapacidad. Los sindicatos cuestionaron la coherencia del eslogan de «trabajo digno y decente» promovido por el gobierno de Gustavo Petro, señalando que decisiones apresuradas podrían destruir empleos formales en zonas con altas tasas de desocupación, donde acceder a un puesto de trabajo estable es una labor de décadas.

Finalmente, los trabajadores hicieron un llamado urgente a la opinión pública y a quienes toman las decisiones para que se escuche la voz de quienes sostienen el sistema desde la operatividad diaria. Exigieron que, antes de expedir cualquier acto administrativo de liquidación, el Gobierno Nacional garantice la continuidad del servicio mediante un plan territorial definido y respete el derecho fundamental a la salud de las comunidades, evitando lo que califican como efectos «irreversibles» para el país.