Las principales centrales obreras de Colombia, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), anunciaron el retiro de su respaldo a la reforma laboral que se tramita en el Senado. Ambas organizaciones consideran que la ponencia mayoritaria que será presentada por la Comisión Cuarta del Senado incluye medidas regresivas que perjudican los derechos de la mayoría de los trabajadores.

Según Fabio Arias, presidente de la CUT, las modificaciones propuestas no solo eliminan derechos que se buscaban recuperar, sino que introducen disposiciones que afectan negativamente a una gran parte de la población trabajadora del país. En un comunicado conjunto, la CUT y la CGT expresaron su preocupación por la intención de limitar el pago del recargo nocturno después de las 7 de la noche únicamente a los empleados de empresas que no sean micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes). Esta medida, según los sindicatos, excluiría al 80% de los trabajadores del país, generando una «odiosa discriminación laboral» que solo beneficiaría al 20% de los empleados.

El comunicado conjunto también señala que la ponencia mayoritaria, que se espera sea radicada el lunes 26 de mayo, introduce diferencias en los pagos por trabajo en días dominicales y festivos. Se propone que el 100% de recargo aplique solo para los domingos, mientras que los días festivos se pagarían al 75%, una «repelente diferencia» que, según Arias, vulnera el reconocimiento de los derechos laborales.

Entre otros puntos criticados, los sindicatos denuncian la eliminación del carácter laboral de los contratos de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), lo que precarizaría sus condiciones. Además, se suprimiría del texto la propuesta de eliminar la figura patronal del contrato sindical, una medida que había sido bien recibida en versiones anteriores del proyecto.

La CUT y la CGT también manifestaron su rechazo a la eliminación de licencias relacionadas con citas médicas programadas e incapacidades menstruales, así como la inclusión de contratos a término fijo con una duración de hasta cinco años, lo que califican como una «burla a cualquier opción de estabilidad en el empleo». También se perderían las licencias de trabajo familiar y comunitario, para transportadores y de paternidad.

Fabio Arias calificó estas medidas como «absolutamente inadmisibles», asegurando que «destruyen los derechos que se intentaban recuperar con la reforma». Ante este panorama, ambas centrales obreras han instado a la ciudadanía a considerar la consulta popular como un mecanismo para que los trabajadores y el pueblo en general expresen su opinión sobre los cambios propuestos en la reforma laboral.