En una acción contundente contra la ilegalidad en el sector de la seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, bajo el liderazgo de Larry Álvarez Morales, anunció la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas que estarían presuntamente infiltradas por estructuras criminales. Según el organismo de control, se ha identificado un patrón donde compañías obtienen permisos legales para operar, pero posteriormente pondrían su personal, armamento y recursos al servicio de organizaciones delictivas.
Dentro de las decisiones adoptadas en primera instancia, destaca la cancelación de licencias a las empresas Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., ambas con sede en la ciudad de Barranquilla. La entidad advirtió que estas prácticas podrían estar vinculadas a delitos de alta gravedad como el lavado de activos y otras economías ilegales, tras detectarse que armas autorizadas para el servicio de vigilancia han estado presuntamente relacionadas con hechos delictivos y personal vinculado a estructuras criminales.
El superintendente Álvarez Morales enfatizó que estas actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero con una postura firme frente a las irregularidades. Asimismo, informó que, como resultado de investigaciones en curso, se prevé la sanción de ocho empresas adicionales en distintas regiones del país. Esta ofensiva institucional se soporta en una articulación con el sector Defensa y la Fiscalía General de la Nación, lo que ha permitido fortalecer el control de armas en manos de particulares y mejorar el cruce de información para detectar anomalías.
A pesar de la gravedad de los hallazgos, la Superintendencia resaltó la importancia del sector, el cual genera empleo para más de 360.000 familias en Colombia, y reiteró que la mayoría de las empresas operan bajo la legalidad. No obstante, la entidad fue enfática al señalar que cualquier compañía utilizada como vehículo para actividades ilícitas enfrentará todo el peso institucional, bajo un nuevo enfoque de vigilancia basado en inteligencia y analítica de datos para garantizar que el servicio cumpla con los más altos estándares de integridad.
