La reciente intención del Ministerio de Hacienda de suspender los efectos de la regla fiscal por tres años ha desatado un intenso debate en Colombia, llevando al Consejo Gremial a anunciar una posible demanda contra esta decisión. Para esclarecer el tema, el economista y exrector de la Universidad del Atlántico, Jairo Parada, explicó en términos sencillos la importancia y las implicaciones de esta medida.

Parada comenzó señalando que la regla fiscal es, en esencia, «un cinturón de seguridad para la economía», que limita el endeudamiento público del gobierno. Fue concebida en décadas pasadas por la ortodoxia económica neoclásica e incorporada a la Constitución, con el propósito de asegurar la estabilidad económica y la sostenibilidad a largo plazo. Esta regla establece topes al gasto público en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) o el déficit fiscal.

Sin embargo, el economista enfatizó una diferencia crucial: las finanzas de la casa son muy distintas a las finanzas públicas, un error común en muchos análisis. Además, destacó que la misma norma constitucional que estableció la regla fiscal incluyó las llamadas «cláusulas de escape», las cuales permiten al gobierno suspender su aplicación en situaciones excepcionales, como ocurrió durante la crisis del COVID-19 en 2020.

«La ley no quedó establecida en una forma rígida, no es un cinturón de hierro», afirmó Parada. El gobierno ha llegado a la conclusión de que no puede seguir sosteniendo el actual nivel de déficit si desea mantener su fuerte gasto público.

El debate actual, según Parada, tiene un componente político significativo. Mientras que las fuerzas de oposición buscan limitar el gasto gubernamental, especialmente de cara a las próximas elecciones, el gobierno no quiere ver su política de gasto restringida. Esto indica fuertes presiones fiscales y la intención del gobierno de continuar con su política de endeudamiento para sostener el gasto.

Respecto a las advertencias sobre el posible encarecimiento de los créditos y una baja en la calificación de riesgo del país, el economista calificó esto como una «amenaza propagandística». Cuestionó la credibilidad de las calificadoras de riesgo, recordándolas que no advirtieron la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos. Si bien reconoció que el gobierno sí enfrenta problemas fiscales, insistió en que el debate subyacente es político.

Sobre la decisión de suspender la regla fiscal, Jairo Parada consideró que, si el gobierno está empeñado en mantener su nivel de gasto público, podría ser la única alternativa viable. Sugirió que «no le queda otra alternativa sino usar la cláusula de escape», ya que de lo contrario no tendría cómo mantener el gasto social. Advirtió, sin embargo, que el gasto público actual, en su mayoría de funcionamiento y no productivo, está generando una deuda creciente.

Finalmente, Parada instó a mantener una posición de alerta, pero sin caer en el alarmismo de una «catástrofe». Concluyó que el gobierno, al tener su deuda por encima del 65% del PIB, no tenía más opción que recurrir a esta cláusula para mantener su nivel de gastos, aunque señaló que el próximo gobierno podría modificar esta disposición.

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