El experto en movilidad y consultor en seguridad vial, Isidro Ruiz, calificó la terminación anticipada de la concesión Autopistas del Caribe como un retroceso en materia de financiación y mantenimiento de infraestructura para la región. Según el analista, el fin de este modelo de gestión delegada traslada la responsabilidad del recaudo y la conservación de la malla vial al Instituto Nacional de Vías (Invías). Esta transición genera preocupación, ya que los recursos obtenidos por peajes bajo la administración estatal suelen ingresar a un fondo común nacional, lo que no garantiza su reinversión directa en el corredor donde fueron recaudados.

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Ruiz explicó que las concesiones no solo aseguran el estado de la carpeta asfáltica, sino que proveen servicios conexos fundamentales para la seguridad de los usuarios, tales como grúas, talleres móviles y ambulancias medicalizadas. Con el cambio de administración, estos beneficios adicionales podrían verse comprometidos, afectando la respuesta ante emergencias en las carreteras. Además, el experto señaló que el deterioro vial impacta directamente en los costos operativos de los transportadores, pues el mal estado de las rutas aumenta el desgaste de los vehículos y los tiempos de desplazamiento.

La crisis de este contrato en particular habría tenido su origen en una estructuración deficiente del cierre financiero, lo que derivó en protestas sociales por la ubicación de los peajes y la intención de instalar nuevas estaciones. El análisis sugiere que, en lugar de eliminar el modelo, se debieron ajustar las tarifas diferenciales para las comunidades locales y optimizar la ubicación de los puntos de cobro. Para el consultor, el riesgo a largo plazo es que la vía pierda las condiciones óptimas que garantizaba el operador privado, convirtiéndose nuevamente en una carga presupuestal para el erario nacional.