El Tribunal Administrativo del Atlántico admitió una acción popular presentada por el personero distrital, Miguel Alzate, y ordenó el cierre inmediato del antiguo Puente Pumarejo. La medida cautelar busca mitigar el riesgo inminente generado por el avanzado estado de deterioro de la estructura, mientras se define su demolición.
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Riesgo y Deterioro del Puente
En diálogo con Noticias Ya!, el personero Alzate confirmó que la inspección realizada a la estructura evidenció un «deterioro total, sin ningún mantenimiento», lo que representa un peligro para los transeúntes, los habitantes de las inmediaciones y las embarcaciones de pequeños pescadores que circulan por el río Magdalena.
La entidad señaló que el puente, que sigue siendo utilizado por peatones, motos, bicitaxis y vehículos de tracción animal, presenta huecos, falta de barandas y desprendimiento de sus partes. Este deterioro podría causar que una sección de la estructura caiga sobre las embarcaciones, poniendo en riesgo la vida de los pescadores.
La Orden Judicial y el Plazo para el Cierre
La orden del cierre inmediato fue dada al Instituto Nacional de Vías (Invías), en su calidad de entidad demandada y responsable de la vía nacional. El Tribunal otorgó un plazo de 45 días al Invías para formalizar el cerramiento del antiguo puente.
El personero Alzate manifestó su deseo de que el cierre se cumpla con «inmediatez» para evitar cualquier tragedia. Adicionalmente, se espera que el Tribunal emita órdenes que obliguen a la apropiación de recursos y a la realización de estudios técnicos para la demolición.
Costo de la Demolición y el Daño Antieconómico
La pretensión principal de la acción popular no es una demolición total, sino una demolición funcional que permita el paso de buques de gran calado, el objetivo primordial de la inversión de más de 800.000 millones de pesos que costó el nuevo puente.
El personero advirtió sobre el daño antieconómico generado por la dilación en el proceso. Mientras que en 2019 la demolición se estimaba entre 60.000 y 70.000 millones de pesos, los estudios actualizados indican que el costo supera los 110.000 millones de pesos. «La dilación está generando un daño antieconómico para los recursos públicos», puntualizó Alzate, quien confirmó que la Contraloría vigila el proceso para que se logre una solución que aporte a la competitividad de la ciudad.
