El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, ratificando la admisión de la demanda de nulidad presentada por la Procuraduría General de la Nación. Con esta decisión, el proceso judicial que busca tumbar el convenio para la expedición de pasaportes en Colombia continuará su curso, manteniendo en vilo la estabilidad del sistema de emisión de este documento.

El magistrado José Élver Muñoz fundamentó la decisión al negar los argumentos de la Cancillería, que pretendía frenar la acción legal iniciada por el organismo de control en octubre de 2025. La Procuraduría sostiene que el contrato suscrito con la Casa da Moeda de Portugal vulnera los principios de la contratación estatal, señalando una presunta «nulidad absoluta» debido a irregularidades en la estructuración financiera y la falta de un proceso competitivo de selección.

Entre los puntos más críticos expuestos por el ente de control se encuentra el incumplimiento del requisito legal de financiación, ya que la entidad extranjera solo aportaría el 21% del valor total, cuando la norma exige un mínimo del 50% para este tipo de convenios internacionales. Asimismo, la demanda advierte sobre la ausencia de estudios técnicos previos y la falta de documentos que acrediten la capacidad de la Imprenta Nacional para asumir la producción total del documento en el futuro.

Esta determinación judicial se produce en un momento de fuerte controversia política, luego de que diversos sectores cuestionaran la transparencia del acuerdo y la veracidad de que los pasaportes se estarían imprimiendo en territorio colombiano. Mientras el Gobierno defiende el modelo argumentando soberanía de datos y transferencia tecnológica, la decisión del Tribunal deja abierta la posibilidad de que el contrato sea anulado, lo que obligaría a buscar nuevas alternativas para garantizar el servicio a los ciudadanos a partir de septiembre de 2025, cuando finalice el esquema actual.