La empresa Triple A presentó un balance sobre el impacto de la defraudación de fluidos en el departamento del Atlántico, revelando que entre enero de 2024 y marzo de 2026 se han identificado 34,128 irregularidades en el sistema de acueducto. Según el reporte oficial, las maniobras detectadas entre 2024 y 2025 permitieron recuperar cerca de 4 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad que habría bastado para suministrar el líquido a una población como Ponedera durante casi dos años. El costo de lo dejado de facturar en ese periodo asciende a 21 mil millones de pesos.  

El fenómeno persiste en 2026, año en el que se han registrado 2,110 nuevas conexiones no autorizadas hasta la fecha, equivalentes a 2 mil millones de pesos en pérdidas. El gerente de la compañía, Ramón Hemer Redondo, señaló que estas acciones perjudican directamente la continuidad y presión del servicio para los usuarios que cumplen con sus obligaciones. Los operativos de control han permitido identificar que el fraude no se limita a predios residenciales, sino que involucra a establecimientos comerciales con consumos elevados de agua.  

Entre los casos documentados en el municipio de Soledad, se intervino un complejo que integraba un lavadero de autos, una cancha sintética y otros negocios, donde se encontró un medidor manipulado con una deuda proyectada superior a los 32 millones de pesos. En otro punto del mismo municipio, se desmanteló una acometida ilegal que alimentaba simultáneamente un lavadero de carga, un restaurante, billares y una estación de servicio, representando la mayor pérdida registrada en el área urbana con más de 36 millones de pesos.  

En Barranquilla, la inspección técnica reveló irregularidades en puntos críticos como el barrio San Felipe, donde un predio registrado como residencial funcionaba en realidad como parqueadero de buses y lavadero, consumiendo 18 veces más de lo reportado. Así mismo, en el barrio Colombia, se halló una conexión subterránea ilegal en la Clínica San Martín, oculta a través de una jardinera colindante. En zonas rurales como Ponedera, se detectaron fraudes significativos en fincas y granjas piscícolas reincidentes. La empresa confirmó que ha interpuesto denuncias penales por estos hechos, los cuales pueden acarrear penas de hasta 72 meses de prisión según el Código Penal colombiano.