El presidente Donald Trump reconoció este martes que su política migratoria, enfocada en la deportación de inmigrantes indocumentados, está afectando al sector agrícola estadounidense, al generar una creciente escasez de mano de obra.

“No se pueden sustituir fácilmente”, afirmó en declaraciones a la cadena CNBC, al referirse a los trabajadores migrantes expulsados del país. Según explicó, muchos de estos empleos no son asumidos por personas residentes en zonas urbanas, quienes rechazan sistemáticamente ese tipo de labores. “Lo hemos intentado. No lo hacen. Estas personas [los migrantes] lo hacen de forma natural”, puntualizó.

El mandatario aseguró que su administración está trabajando con representantes del sector agrícola para mitigar el impacto económico de las expulsiones. Además, anunció que se están diseñando nuevas regulaciones que permitirían el regreso legal de algunos trabajadores, tras ser deportados.

“En algunos casos, los estamos enviando de vuelta a sus países con un permiso, para que regresen legalmente. Y estamos haciendo cosas muy complejas, pero que funcionan”, añadió Trump.

Este reconocimiento no es nuevo. En junio pasado, el presidente ya había adelantado que evalúa una orden ejecutiva para proteger sectores altamente dependientes de la mano de obra migrante, como la agricultura y la hotelería. Sin embargo, hasta el momento no ha presentado detalles concretos sobre dicha propuesta.

Efectos económicos documentados

Diversos informes y análisis han advertido sobre los efectos adversos de la actual política migratoria en la economía de Estados Unidos:

• En California, los operativos migratorios han provocado un ausentismo del 45 % en el campo, dificultando la recolección de cosechas y afectando cultivos clave como las fresas y los cítricos.
• Las pérdidas anuales estimadas para el sector agrícola californiano alcanzan los 275.000 millones de dólares, según reportes económicos recientes.
• Durante el primer semestre de 2025, grupos agrícolas aumentaron su gasto en lobby a 29 millones de dólares, con el fin de presionar por políticas más flexibles que permitan contratar trabajadores migrantes.
• Economistas advierten que la reducción en la inmigración podría ralentizar el crecimiento del PIB, encarecer la producción y provocar una subida en los precios de servicios como el alojamiento, la alimentación y el turismo, que dependen fuertemente de esta fuerza laboral.

Reacciones contradictorias en el Gobierno

A pesar de las declaraciones del presidente, la falta de lineamientos claros ha generado confusión. Altos funcionarios de su gabinete, como Tom Homan —conocido como el «zar de la frontera»— han negado que existan cambios sustantivos en curso, lo que ha aumentado la incertidumbre entre agricultores, sindicatos y gobiernos locales.

Mientras tanto, expertos y organizaciones del sector agroindustrial insisten en que cualquier reforma que no contemple un esquema migratorio funcional y legalizado pondrá en riesgo la seguridad alimentaria del país.