La Universidad Autónoma del Caribe estudia actualmente la posibilidad de modificar su naturaleza jurídica de privada a pública, con el fin de garantizar mejores condiciones laborales para sus empleados y profesores, así como beneficios para los estudiantes. Así lo explicó el rector Jorge Enrique Senior Martínez durante una entrevista reciente en Noticias Ya.
Según el rector, la universidad enfrenta un problema estructural debido a pasivos acumulados a lo largo de varios años, lo que ha llevado a la administración a evaluar dos alternativas:
Plan A: recorte drástico de gastos, principalmente de nómina, lo que implicaría grandes sacrificios para mantener la estabilidad financiera.
Plan B: mediante un proyecto de ley, convertir la universidad en pública, manteniendo el calendario académico, los registros calificados y los programas existentes, sin afectar la educación de los estudiantes.
“Esto favorecería a los trabajadores y profesores, solucionando problemas de seguridad social acumulada y ofreciendo mejores beneficios laborales. Para los estudiantes de pregrado, la matrícula podría reducirse sustancialmente, incluso hasta cero, bajo políticas de gratuidad”, explicó el rector.
Senior Martínez también señaló que esta opción permitiría que la universidad acceda a recursos públicos del presupuesto nacional, lo que facilitaría su expansión y cobertura en territorios del Caribe colombiano donde actualmente no hay oferta universitaria. “Seríamos la universidad pública de la región Caribe”, afirmó.
Respecto a la nómina, el rector indicó que representa el 87,8 % de los gastos de la institución, y que el proyecto contempla mantenerla mediante contratos de provisionalidad, fórmula que garantiza la continuidad del personal mientras se desarrollan concursos internos para nuevos ingresos.
El proyecto de ley sería radicado inicialmente por una senadora del Atlántico, con coautoría de representantes de diferentes bancadas para asegurar un enfoque suprapartidista, considerando la importancia social de la iniciativa. El estudio de factibilidad que respalda el proyecto está siendo elaborado por un equipo interno de la universidad con apoyo de expertos financieros externos y se espera presentarlo al ministerio de Educación en la segunda fase del proceso.
Sobre los bienes de la universidad, Senior Martínez aseguró que existen estrategias jurídicas para defender los activos de la institución, incluyendo terrenos y edificaciones, y que la actividad académica no se verá afectada durante el proceso de transición.
Finalmente, el rector afirmó que los sindicatos han mostrado en su mayoría apoyo a la nacionalización, destacando que la opción pública ofrece mejores condiciones salariales, más vacaciones y estabilidad para los trabajadores, a la vez que asegura la sostenibilidad financiera de la universidad.
“Estamos en un proceso de diálogo amplio con todos los estamentos de la universidad para decidir el camino más conveniente, manteniendo la esencia, el nombre y la tradición de la institución”, concluyó Jorge Enrique Senior Martínez.
