La organización Venezolanos en Barranquilla hizo un llamado al Gobierno Nacional a mantener un equilibrio entre las nuevas medidas de control migratorio anunciadas para el país y la protección de los derechos de la población migrante.

Juan Carlos Viloria, integrante de la organización, señaló que respaldan que cualquier persona que cometa un delito responda ante la justicia, independientemente de su nacionalidad, pero insistió en que la irregularidad migratoria no puede ser confundida con criminalidad.

“Estamos de acuerdo con que se aplique la ley, con que cualquier persona que cometa un delito, sea de la nacionalidad que sea, deba responder ante la justicia. Pero también consideramos que es muy importante no confundir la irregularidad migratoria con la criminalidad”, manifestó Viloria.

Según explicó, Barranquilla registra 137.646 migrantes, mientras que en el departamento del Atlántico residen 199.436, de acuerdo con cifras con corte a diciembre de 2024. La organización cuestionó que desde entonces Migración Colombia no haya actualizado estos datos, al considerar que se requiere información más reciente para diseñar políticas públicas acordes con la realidad migratoria del territorio.

Viloria también advirtió sobre las dificultades que enfrentan algunas familias venezolanas para regularizar su situación. Señaló que existen padres cuyos hijos están escolarizados y pueden acceder a mecanismos de regularización, mientras sus progenitores permanecen sin una ruta clara para obtener documentación.

A esto se suman, según la organización, las dificultades para acceder a pasaportes venezolanos, los costos de las visas y los tiempos de espera de solicitudes de refugio, situaciones que dejan a algunas personas en una especie de limbo migratorio.

Frente a este panorama, Venezolanos en Barranquilla propuso que la ciudad, anunciada como piloto de las nuevas estrategias migratorias, también se convierta en un referente de buenas prácticas, donde se combine el control con el debido proceso, la regularización y la protección internacional.

La organización además pidió evitar generalizaciones que puedan alimentar la xenofobia y recordó que miles de venezolanos trabajan, emprenden, pagan impuestos y aportan al desarrollo económico de Barranquilla y el Atlántico.

“Hay un gran porcentaje de venezolanos que son buenos, que hacen comunidad con nosotros, que nos compran, que nos alquilan, que pagan su seguridad social, que pagan su pensión, que pagan los impuestos también como nosotros”, afirmó Viloria.

Finalmente, la organización manifestó su disposición a servir como puente entre las autoridades y la comunidad migrante y propuso espacios de diálogo con el Gobierno Nacional, Cancillería, Migración Colombia, entidades territoriales y organizaciones sociales.

El llamado es a que las nuevas medidas de seguridad se implementen con información clara, sin estigmatizar a toda la población migrante y garantizando que quienes hayan cometido delitos respondan ante la justicia, mientras quienes necesitan regularizarse puedan contar con rutas efectivas para hacerlo.