Un grupo de 36 víctimas de violencia contra la población LGBTIQ+ durante el conflicto armado se manifestó frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para rechazar los recortes presupuestales que enfrenta esta entidad y advertir sobre las consecuencias que podrían tener para los procesos de justicia y reparación.

La movilización, convocada por la organización Colombia Diversa, reunió a víctimas provenientes de departamentos como Caquetá, Cauca, Meta, Tolima, Chocó, Putumayo y el municipio de Tumaco, en Nariño. Durante la jornada, los participantes reclamaron garantías para que las investigaciones continúen y las víctimas puedan acceder a la justicia.

Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, manifestó que la reducción de recursos y las iniciativas que buscan afectar el funcionamiento de la JEP ponen en riesgo los avances alcanzados en materia de justicia transicional. Según expresó, las principales afectadas serían las víctimas que esperan verdad, reconocimiento y reparación.

Entre los asistentes estuvo Manuel Antonio Velandia, cofundador del Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia, quien recordó que fue víctima de un atentado con granada en 2002, cuando realizaba su campaña como candidato al Congreso. Velandia advirtió que debilitar financieramente a la JEP podría limitar el acompañamiento económico a algunas personas y dificultar el acceso a la justicia y a las investigaciones.

La protesta también incluyó una intervención simbólica en la que los participantes utilizaron capas rojas para representar el amor y la resistencia. Al finalizar, estas prendas se transformaron en una soga como representación de las violencias ejercidas contra la población diversa. Durante el acto, Érika del Río, una mujer trans de Popayán, recordó que las agresiones contra esta comunidad también han provenido de instituciones que, en principio, debían protegerla.

Estos hechos de violencia son abordados por la JEP en el Macrocaso 11, que investiga, entre otros crímenes, aquellos motivados por prejuicios relacionados con la orientación sexual, la expresión o la identidad de género diversa.

La movilización se realizó en el contexto de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC, suscrito el 24 de noviembre de 2016. Además, coincidió con el anuncio del presidente de la JEP, Danilo Rojas Betancourth, sobre las medidas que adoptará la entidad para enfrentar la reducción de su presupuesto en 2027, que quedaría en 651.803 millones de pesos, cerca de 170.000 millones menos.

Entre los ajustes anunciados están el traslado de la sede principal, previsto para marzo de 2027, de un edificio de 15.000 metros cuadrados a otro de 4.200, la implementación del teletrabajo y la reducción del 85 % de la contratación. Pese a las dificultades financieras, Rojas aseguró que la jurisdicción continuará cumpliendo con sus responsabilidades.