El profesor Luis Trejos, experto jurídico e investigador judicial, ha ofrecido un análisis sobre la masacre ocurrida en Puerto Colombia, Atlántico, presentando dos hipótesis principales sobre el hecho y señalando las preocupaciones en torno a la seguridad en el departamento.
Según Trejos, la primera hipótesis apunta a una retaliación entre grupos armados. La masacre pudo haber sido una respuesta de un grupo criminal contra otro por la realización de una actividad que movía finanzas ilícitas en un territorio controlado por la contraparte. La segunda hipótesis sugiere una retaliación interna dentro de un mismo grupo criminal, donde un miembro realizó una actividad que generó ganancias, pero no las reportó a sus superiores, lo que llevó a un «castigo severo» no solo para él, sino para todos los asistentes al evento.
El profesor Trejos subrayó que este tipo de eventos, como las fiestas electrónicas de más de 24 horas con la presencia de youtubers y modelos, se han convertido en una «pasarela» donde, «para nadie es un secreto que se mueven altas cantidades de droga y que dinamizan el microtráfico». Por ello, considera que es crucial establecer algún tipo de regulación para evitar no solo masacres, sino también la dinamización de rentas ilegales controladas por grupos criminales y las afectaciones a la ciudadanía por el ruido.
Respecto a la aparente impotencia de la policía, Trejos explicó que la frecuente realización de eventos en fincas no habitadas permanentemente genera una «naturalización» del flujo y reflujo de personas, lo que dificulta el control. Además, planteó que la presión de las autoridades en Barranquilla podría estar provocando un «efecto de derrame», llevando a las organizaciones criminales a trasladar sus operaciones a municipios cercanos al distrito, que carecen de la misma capacidad institucional. Esto, añadió, representa un reto para el departamento y la Gobernación, que deben pensar en una estrategia para comprender y combatir el crimen en otras latitudes del Atlántico.
El experto manifestó su preocupación por la reiteración de estos hechos violentos y el alarmante número de víctimas. Señaló que esta situación se inscribe en un «continuo» de guerra entre bandas criminales que se inició alrededor de 2020 y que, lamentablemente, no se ha resuelto con recursos internos. Trejos enfatizó la necesidad de una intervención del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación para «golpear contundentemente estas organizaciones y devolver la tranquilidad» a los habitantes de Barranquilla y el departamento del Atlántico.
Sin embargo, el profesor expresó su inquietud por las diferencias políticas entre la Casa Char y el Gobierno Nacional, lo que podría dificultar el apoyo nacional necesario. Manifestó que el Gobierno Nacional parece estar «en modo de elecciones 2026» y podría no priorizar la seguridad, considerando que compartiría los «frutos políticos» con actores locales y regionales.
Finalmente, Trejos abordó la reciente amenaza contra el director de la Cárcel El Bosque de Barranquilla. Calificó el hecho como «muy preocupante» y lo enmarcó en un contexto en el que, históricamente, los directores de centros penitenciarios carecen de seguridad adecuada y son blanco de amenazas cuando intentan romper las dinámicas criminales internas. Esto, según el experto, pone de manifiesto el «fracaso del sistema carcelario en Colombia», una discusión aplazada por su complejidad presupuestal, de infraestructura y por la falta de «retorno político» que las cárceles representan para los gobiernos. Instó a que se brinden las condiciones y garantías de seguridad al director de la cárcel y que se investigue a los responsables de las amenazas.
