La reciente interrupción del servicio eléctrico en Barranquilla ha puesto de manifiesto, una vez más, la crítica situación de la infraestructura energética en la región Caribe. Norman Alarcón, representante de la Liga de Usuarios Nacional, ha expresado que la versión oficial de la empresa Air-e sobre el apagón es «supremamente corta» y carece de la coherencia necesaria con la realidad de los hechos.
Alarcón enfatizó que el aspecto más delicado del origen de este apagón está intrínsecamente ligado a la infraestructura obsoleta y deficiente que caracteriza a la región Caribe, la cual es considerada la más precaria del país. Según sus declaraciones, ha habido una deuda histórica de abandono por parte del Estado hacia la región.
El representante de los usuarios citó un dato «escalofriante» proporcionado por la misma empresa Aire: el 92% de la subnormalidad eléctrica del país se concentra en la región Caribe. Aún más preocupante es el hecho de que esta subnormalidad crece un 5% anualmente, lo que indica un deterioro constante en lugar de una mejora. Esta infraestructura deficiente, sumada a la falta de mantenimiento, es, según Alarcón, la causa de este tipo de eventos.
La situación se agrava con la asfixia económica que, según Alarcón, padece la empresa Aire. Afirmó que el Gobierno Nacional no ha cumplido con los cánones constitucionales y legales que lo obligan a mantener una energía de calidad y a flote a la empresa intervenida. Destacó que, a pesar de llevar más de nueve meses desde la intervención de Aire, el Gobierno Nacional no ha entregado un solo peso de manera oficial a la empresa, una situación que calificó como «demasiado grave».
Un historial de Inversión Insuficiente y Recursos No Aclarados
Sobre las inversiones, Alarcón recordó que durante los cuatro años en que la empresa estuvo bajo el mando de Alberto Ríos Belliá y la banca de Panamá, se invirtieron únicamente 1.3 billones de pesos, una cifra «muy precaria» para la magnitud de las necesidades de mejora de toda la infraestructura. Se cuestionó dónde están los recursos de inversiones que fueron cobrados anticipadamente a los usuarios y que, según denuncias de la Superservicios, ascienden a más de 100 mil millones de pesos sin que las inversiones correspondientes aparezcan.
En este contexto, Alarcón insistió en la necesidad de una auditoría forense a la empresa Aire. Mencionó que el agente interventor de El Palma, a principios de año, había indicado que esta auditoría ya se estaba realizando, y ahora instó a las fuerzas vivas de la región a preguntar a la empresa por esa información, la cual podría arrojar luz sobre los manejos que ha tenido.
Desafíos Actuales y un Oasis Tarifario
Alarcón describió la situación como «sumamente complicada», con un problema de Aire que es fundamentalmente un «problema de recursos». Cuestionó de dónde provendrán estos recursos si el Gobierno Nacional, al intervenir la empresa, no ha logrado estabilizar su administración, habiendo ya «cuatro interventores». Alertó sobre la incapacidad de Aire para pagar deudas de 1.5 billones de pesos con los generadores, lo que podría llevar a que estos dejen de suministrar energía, resultando en un «apagón total».
A pesar de este panorama calamitoso, Alarcón señaló un «pequeño oasis»: la caída del régimen tarifario especial contra los costeños, una decisión de la CREG que cumple órdenes del Tribunal Administrativo del Atlántico. Esta medida, resultado de una acción popular de personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, significa que se reformulará el componente de comercialización de la tarifa, lo que debería reflejarse en una baja de tarifas a partir de agosto.
Aunque la rebaja inicial esperada es de 54 pesos por kilovatio, Alarcón y la Liga de Usuarios esperan que sea mayor, argumentando que las pérdidas eléctricas que se cobran a los usuarios siguen siendo muy elevadas, alrededor de 120 pesos por kilovatio, cuando el promedio nacional es de 70 pesos. Lograr que las pérdidas cobradas sean similares al resto del país significaría una rebaja adicional de unos 50 pesos, llevando el total a alrededor de 100 pesos por kilovatio.
La situación, aunque con una luz de esperanza en las tarifas, mantiene las preocupaciones sobre la falta de mantenimiento e inversión, que siguen representando la amenaza de futuros apagones. Alarcón concluyó que la presión y la unión de esfuerzos de las fuerzas vivas de la región son cruciales para superar esta crisis y asegurar una energía de calidad en pleno siglo XXI.
