Los líderes de las bandas criminales más peligrosas del Atlántico, Digno Palomino, jefe de «Los Pepes», y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, cabecilla de «Los Costeños», han reafirmado su voluntad de acogerse a la ley, un anuncio que podría generar un impacto significativo en la reducción de la criminalidad en la región.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, expresó su optimismo ante este sometimiento, anticipando una reducción del 86% en los homicidios que resultan de los enfrentamientos entre estas organizaciones delictivas. «Los homicidios se reducirían drásticamente porque el 86% están atribuidos a esas organizaciones criminales. Sumado a esto, la reducción en las extorsiones será importante porque estas dos bandas concentran el 100% de este delito que es muy preocupante en el Atlántico por el impacto que tiene en la seguridad ciudadana y la economía», destacó Verano.
El mandatario también resaltó la contundencia de las autoridades, señalando que el Atlántico es el departamento con más capturas por el delito de extorsión. Atribuyó este éxito a la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un impuesto que ha permitido dotar a las autoridades de capacidades y materiales de inteligencia para combatir la delincuencia.
Trabajo en Equipo y Ruta hacia la Paz
Un avance crucial en este proceso es el inicio de la caracterización de las estructuras criminales, liderado por el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia. Esta caracterización es fundamental para identificar el número de integrantes de los grupos y su situación, lo que permitirá definir la oferta institucional en áreas como educación, vivienda y empleo.
Esta oferta será una responsabilidad compartida entre la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y ministerios como Educación, Vivienda y Prosperidad Social. Se enfatiza la importancia de un enfoque social y de oportunidades, dada la juventud de la mayoría de los integrantes de estos grupos.
El proceso avanza hacia una etapa de negociación formal, que seguirá a la caracterización y la estructuración de la mesa de diálogo. La voluntad política y la articulación efectiva entre las entidades nacionales y territoriales se consideran clave para el éxito. El objetivo es formalizar el proceso para generar transformaciones reales en los territorios afectados por la violencia.
Antecedentes del Proceso
Este proceso se enmarca en la Ley de Paz Total, lo que implica la participación activa del Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla han trabajado de forma articulada durante meses para estructurar la mesa de diálogo, asumiendo un rol logístico y de acompañamiento territorial.
Las primeras comunicaciones se remontan al 31 de marzo de 2025, cuando se solicitó información y orientación sobre el proceso, y al 8 de abril, cuando se pidió la manifestación de voluntad de diálogo por parte de los dos cabecillas criminales.
