La reciente decisión del Gobierno Nacional de suspender el traslado de alias ‘Castor’, Digno Palomino y el ‘Negro Ober’ a centros carcelarios de Barranquilla ha puesto de manifiesto las deficiencias técnicas y legales que rodean este proceso. Según el profesor e investigador Alejandro Blanco, doctor en Ciencias Políticas, la medida de movilizar a estos jefes criminales a cárceles del Atlántico se percibe como una «moneda de cambio» en el marco de una tregua unilateral que expira a finales de enero. Sin embargo, el académico advierte que las cárceles locales no cuentan con la infraestructura necesaria, como inhibidores de señal o espacio para evitar el hacinamiento, para albergar a internos de este perfil.

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El análisis subraya que el traslado fue planteado de manera improvisada, sin consultar a la administración local ni considerar los antecedentes de seguridad. Un punto crítico es el caso de alias ‘Negro Ober’, quien en el pasado fue retirado de la región precisamente para mitigar su capacidad de delinquir desde el interior de los penales. Para el experto, traer de regreso a estos cabecillas sin un marco jurídico sólido en la política de ‘Paz Total’ representa un riesgo de escalada en la criminalidad, ya que actualmente no existen mecanismos de monitoreo que validen la efectividad de los compromisos adquiridos por las bandas delincuenciales.

Asimismo, la controversia ha evidenciado una falta de reconocimiento a las víctimas de delitos como la extorsión y el homicidio en el departamento. Sectores de la academia y la sociedad civil insisten en que decisiones de tal magnitud deben involucrar a comerciantes, transportadores y ciudadanos afectados por el accionar de grupos como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’. Mientras el Ministerio de Justicia evalúa los pasos a seguir, queda en el aire la viabilidad de una mesa de concertación técnica que garantice que la seguridad de Barranquilla no sea vulnerada por acuerdos políticos sin respaldo institucional.