El valor que el Estado paga a los candidatos por cada sufragio obtenido ha pasado de $2.555 en 2022 a $8.287 para las elecciones de 2026. Ante las dudas generadas por este incremento del 224%, el contralor Carlos Hernán Rodríguez aclaró, durante el foro ‘Garantías Electorales’, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplicó una corrección técnica debido a un rezago histórico en la indexación de estos valores, basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Dane.

Esta actualización financiera implica un impacto significativo en las arcas públicas. Para dimensionar la cifra, si se aplicara el valor actual a los resultados de la primera vuelta presidencial de 2022, una votación como la obtenida por Gustavo Petro representaría hoy una reposición superior a los $70.660 millones. El contralor advirtió que este aumento profundiza las presiones presupuestales del Gobierno, planteando un debate necesario entre la sostenibilidad fiscal y el financiamiento del sistema democrático.

Paralelamente, el órgano de control denunció una falla estructural en el modelo de financiación actual. Según el ente, las campañas dependen mayoritariamente de capital privado, créditos y recursos propios antes de la elección, mientras que la participación del Estado mediante anticipos es prácticamente inexistente. Esta dinámica provoca que el Estado actúe como un pagador posterior, permitiendo que el músculo financiero privado domine el inicio de las contiendas electorales.

Finalmente, la Contraloría alertó sobre la falta de transparencia en los reportes contables, especialmente en el gasto en plataformas digitales, que representó el 65% de la inversión en la segunda vuelta presidencial de 2022. Ante el hecho de que más del 75% de los candidatos en 2023 no reportaron su información de manera oportuna, la entidad anunció nuevas directrices de vigilancia fiscal para prevenir el riesgo sobre los fondos públicos y garantizar un control real antes del cierre de las urnas.