La situación de orden público en la Sierra Nevada de Santa Marta continúa generando alarma por los enfrentamientos entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupos armados que se disputan el control territorial en esta región del Caribe colombiano.

Sobre este panorama habló Norma Vera, investigadora del conflicto armado y defensora de derechos humanos, quien explicó que la confrontación ha escalado en los últimos meses y mantiene a comunidades indígenas y afrodescendientes en medio del fuego cruzado.

Vera aclaró que uno de los grupos no debe ser identificado como “pachencas”, nombre con el que suele ser mencionado en algunos reportes.

“No son pachencas. Son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Los pachencas dejaron de existir hace unos cinco años. Este es un grupo residual heredero del paramilitarismo de Hernán Giraldo Cerna”, explicó.

La investigadora señaló que tanto el EGC como las Autodefensas Conquistadoras son considerados Grupos Armados Organizados (GAO) por el Estado colombiano, lo que implica una estructura armada significativa.

“Esto significa que el Estado reconoce que tienen más de 500 hombres en armas, control territorial y capacidad logística, pero lo más grave es que tienen capacidad de perpetrar ataques contra la población civil”, afirmó.

Comunidades en medio del conflicto

Según la investigadora, los enfrentamientos se concentran en sectores de la Sierra Nevada cercanos a Aracataca, en el departamento del Magdalena, especialmente en la zona de Serrancua, donde habitan comunidades indígenas y afrodescendientes.

El conflicto, que lleva al menos tres años intensificándose, ha provocado confinamientos, desplazamientos y graves afectaciones humanitarias.

“En este momento hay una situación humanitaria compleja: hay disparos, desplazamientos y confinamiento. Se han reportado drones sobrevolando la zona, un menor desaparecido, una persona muerta y varios heridos”, indicó Vera.

De acuerdo con sus estimaciones, más de mil personas podrían estar afectadas en diferentes comunidades dispersas en la montaña, aunque uno de los puntos más críticos concentra cerca de 200 indígenas confinados.

“Hay una comunidad específica de más de 200 personas indígenas afectadas y también comunidades afrodescendientes. Con la dispersión geográfica de la zona, calculamos más de mil personas en riesgo”, señaló.

Petición de corredor humanitario

Ante la gravedad de la situación, la Defensoría del Pueblo solicitó la apertura de un corredor humanitario para evacuar a los civiles y atender a los heridos. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado concretar.

“El corredor humanitario no ha tenido respuesta porque al final debe salir de los grupos armados. Es increíble que ambos estén sentados en mesas de negociación con el Gobierno y exista un silencio institucional frente a una situación tan grave”, manifestó Vera.

La investigadora considera que el Alto Comisionado para la Paz debería intervenir para exigir un cese al fuego temporal que permita la atención humanitaria.

“Uno esperaría que el alto comisionado de paz siente a estos grupos y les diga: detengan las hostilidades unos días para mover a la comunidad y mitigar el impacto humanitario”, dijo.

Críticas a la negociación con grupos armados

Vera también cuestionó la manera en que se han desarrollado las conversaciones de paz con estos grupos armados, señalando problemas de método y falta de claridad jurídica.

“Esta negociación tiene un problema de método. No hay un mecanismo claro para saber qué se está negociando ni cómo se verifica lo que se acuerda”, aseguró.

Además, advirtió que la falta de un marco jurídico tras la caída de la ley de “paz total” genera incertidumbre sobre el futuro de estos procesos.

“Las negociaciones no tienen un marco jurídico claro. Entonces la pregunta es hacia dónde conduce la negociación si no hay un mecanismo legal que permita la desmovilización”, explicó.

Finalmente, la defensora de derechos humanos advirtió que mientras continúan las conversaciones, los grupos armados siguen fortaleciéndose militarmente y disputándose el control del territorio, dejando a la población civil en medio del conflicto.

“Lo más complejo es que cuando estos grupos se disputan el territorio no hay un tercer actor hegemónico. El Estado no está en la disputa, y es el que debería garantizar seguridad y gobernabilidad”, concluyó.