El Presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó con dureza ante la reciente decisión de la Corte Constitucional de tumbar el decreto que declaraba la Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira. A través de sus canales oficiales, el mandatario calificó la medida como un intento de asfixia institucional contra su administración y los proyectos de transformación social que busca implementar en las regiones más vulnerables del país. «Nos quieren ahorcar», fue la frase tajante con la que resumió su percepción sobre el freno jurídico a sus facultades extraordinarias.

En su intervención, el jefe de Estado argumentó que la decisión del alto tribunal ignora la crisis humanitaria histórica que atraviesa la península, marcada por la escasez de agua potable y los altos índices de desnutrición infantil. Según Petro, el uso de decretos de emergencia era la vía más rápida para garantizar derechos fundamentales que han sido vulnerados por décadas. Para el Ejecutivo, este revés judicial no solo afecta el suministro de recursos inmediatos, sino que representa un obstáculo sistemático de las instituciones tradicionales frente al cambio político que representa su gobierno.

Por su parte, la Corte Constitucional fundamentó su fallo en que los hechos invocados por el Gobierno para declarar la emergencia como la crisis climática y la falta de servicios básicos no constituían una situación sobreviniente o imprevista, sino problemas estructurales que deben ser abordados a través del trámite legislativo ordinario en el Congreso. A pesar de declarar la inexequibilidad del decreto, el tribunal concedió un efecto diferido a algunas medidas relacionadas con el sector salud y agua para no desproteger de inmediato a la población, instando al Gobierno a presentar proyectos de ley urgentes para resolver la situación de fondo.