El traslado de 20 personas privadas de la libertad, señaladas de estar vinculadas con estructuras criminales como Los Costeños y Los Pepes, es considerado un primer paso para reducir las extorsiones que se estarían coordinando desde las cárceles del área metropolitana de Barranquilla.

El profesor e investigador Luis Trejo señaló que la medida podría generar una disminución de las llamadas extorsivas en el corto plazo, pero advirtió sobre un posible efecto rebote si los centros penitenciarios a los que fueron trasladados los internos no cuentan con controles suficientes.

Según explicó, el simple traslado de los delincuentes no garantiza que dejen de delinquir desde las cárceles, pues estos podrían volver a conseguir celulares, tarjetas SIM y otros dispositivos para mantener comunicación con sus estructuras criminales.

El experto también se refirió a la propuesta del Gobierno Nacional de implementar “buques cárcel” en alta mar para aislar a los delincuentes de mayor peligrosidad. Aunque reconoció que sería una medida de impacto, advirtió que existen interrogantes jurídicos relacionados con los derechos fundamentales de los privados de la libertad, especialmente el derecho a la defensa y la comunicación con sus abogados y familiares.

Trejo recordó que Colombia ya ha utilizado este mecanismo de manera excepcional durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando dos excomandantes paramilitares fueron trasladados temporalmente a buques de la Armada. Sin embargo, señaló que la propuesta actual tendría un alcance mucho mayor y requeriría una sólida sustentación jurídica.

El investigador también planteó que el problema carcelario no se soluciona únicamente con la construcción de nuevas prisiones. A su juicio, se necesitan controles tecnológicos efectivos, medidas contra el ingreso de celulares y otros elementos prohibidos, además de revisar el funcionamiento del Inpec, institución que, según afirmó, enfrenta problemas estructurales que dificultan el control al interior de los centros de reclusión.

Frente a los menores de edad vinculados a estructuras criminales, Trejo indicó que también se requiere fortalecer las políticas de prevención y revisar la legislación penal juvenil, debido a que la participación de niños, niñas y adolescentes estaría siendo aprovechada por organizaciones criminales.

Sobre el anunciado estatuto antiterrorista, explicó que el terrorismo ya está contemplado en el Código Penal colombiano, por lo que habrá que esperar el texto que presente el Gobierno al Congreso para conocer qué nuevos elementos pretende incorporar y cómo se definirían las organizaciones consideradas terroristas.

El experto concluyó que las medidas anunciadas representan un cambio de actitud del Gobierno frente al crimen organizado, pero advirtió que los resultados no serán inmediatos y que será necesario evaluar en los próximos días si los traslados realmente generan una reducción de las extorsiones en Barranquilla y su área metropolitana.