La Administración del presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), con el argumento de defender la soberanía estadounidense y frenar las actuaciones del organismo contra ciudadanos y funcionarios de ese país. El anuncio se produjo, según el texto suministrado, horas después de conocerse la entrega del Premio Nobel de la Paz a la exjueza sudafricana Navi Pillay.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que Estados Unidos no reconoce la autoridad de la Corte para procesar a sus ciudadanos, incluidos militares, agentes fronterizos y dirigentes políticos. “Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos”, afirmó.

En un mensaje difundido en redes sociales, Rubio advirtió que su Gobierno buscará restringir las transacciones con el tribunal internacional para limitar sus recursos y su capacidad de actuación frente a Estados Unidos. El Departamento de Estado señaló que, hasta ese momento, el país había impuesto sanciones a 17 personas y anunció nuevas medidas bajo el argumento de proteger los intereses nacionales.

Las medidas incluyen restricciones a las transacciones con la CPI y limitaciones a su acceso a servicios financieros y tecnológicos estadounidenses. Según Associated Press, las empresas estadounidenses tendrán un plazo de seis meses para poner fin a sus vínculos con el tribunal.

El anuncio coincide con la concesión del Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay, reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del derecho internacional. La jurista sudafricana se desempeñó como jueza de la CPI y como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, es un tribunal independiente creado para investigar y juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, dentro de los límites de su jurisdicción. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma que estableció el organismo.

La CPI rechazó las sanciones y advirtió que estas afectan la independencia de la justicia internacional. Su presidenta, Tomoko Akane, afirmó que el tribunal continuará cumpliendo su mandato pese a las presiones.

Aunque Rubio aseguró que Washington mantiene abierta la posibilidad de una solución diplomática, también advirtió que su Gobierno seguirá presionando para desmantelar la institución si considera que continúa amenazando los intereses estadounidenses.