El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir o ampliar una investigación penal para esclarecer las denuncias sobre supuestas reuniones realizadas en Valledupar en octubre de 2025, en las que, presuntamente, se habría pedido a antiguos jefes paramilitares emitir declaraciones contra varias figuras políticas.

La petición fue dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, luego de conocerse las declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y una columna del periodista Melquisedec Torres, publicada en El Colombiano. En esas versiones se señala que el objetivo de los encuentros habría sido promover señalamientos contra el entonces expresidente Álvaro Uribe Vélez, el presidente Abelardo De la Espriella y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Según lo expuesto por Cancino, las reuniones se habrían desarrollado entre el 22 y el 24 de octubre de 2025. En ellas, presuntamente, se habría considerado la participación de Saúl Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, conocido como alias Martín Llanos. También se denunciaron posibles ofrecimientos de beneficios judiciales y mejores condiciones penitenciarias a cambio de declaraciones, aunque, según las versiones citadas, los exjefes paramilitares no habrían aceptado participar en las entrevistas previstas.

A estos señalamientos se suma la versión del abogado Juan Carlos Villamizar, asesor de Salvatore Mancuso, quien aseguró haber presenciado los encuentros. De acuerdo con su relato, las reuniones se habrían convocado para tratar asuntos relacionados con la reapertura del proceso de Ralito, pero durante ellas supuestamente se les habría solicitado a los antiguos comandantes paramilitares hablar en contra de las figuras mencionadas. Villamizar también sostuvo que la solicitud habría sido presentada por Angie Rodríguez y Víctor de Currea Lugo, entonces asesor presidencial, y que las instrucciones supuestamente provenían del entonces presidente Gustavo Petro.

Ante estas denuncias, el ministro pidió establecer si las reuniones efectivamente ocurrieron, quiénes participaron, quién las convocó y cuál era su propósito. Asimismo, solicitó determinar si existieron presiones, promesas de beneficios, traslados o libertades a cambio de declaraciones previamente acordadas, y si se habría intentado promover la presentación de testimonios o pruebas falsas ante autoridades judiciales o administrativas.

Cancino también pidió verificar si los hechos ya hacen parte de una indagación que, según información publicada el 13 de octubre de 2026, adelanta la Dirección Especializada contra la Corrupción, o si es necesario abrir una línea de investigación específica. Entre las diligencias sugeridas mencionó recibir o ampliar testimonios y recopilar actas, agendas, registros de ingreso, comunicaciones y otros elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

El ministro señaló que los hechos podrían ameritar el análisis de posibles delitos como falsa denuncia, falso testimonio, soborno o fraude procesal, entre otras conductas, siempre que existan elementos concretos que los sustenten. También advirtió que las publicaciones y los relatos conocidos no constituyen por sí solos una prueba de responsabilidad penal.

La solicitud busca que la Fiscalía determine, con base en evidencias y actuaciones independientes, si hubo irregularidades y quiénes podrían estar involucrados. Por ahora, los señalamientos corresponden a versiones que deberán ser verificadas por las autoridades competentes.