Representantes del Gobierno nacional, entidades reguladoras, empresas de servicios públicos y autoridades regionales acordaron avanzar en una hoja de ruta para enfrentar la crisis energética del país, con compromisos verificables, responsables definidos y plazos de cumplimiento.

El acuerdo se concretó durante la Audiencia Nacional de Equilibrio Energético, convocada por la Comisión Quinta del Senado y realizada en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, en Barranquilla. El encuentro reunió a diferentes actores del sector para analizar los problemas de abastecimiento, las dificultades financieras de las empresas y los desafíos de infraestructura, especialmente en la región Caribe.

Uno de los principales resultados fue la propuesta de crear una matriz nacional de compromisos energéticos y un observatorio de seguimiento interinstitucional que permita evaluar las acciones del Congreso, el Gobierno, las empresas y los operadores. También se planteó consolidar una hoja de ruta para el periodo 2026-2035, enfocada en el abastecimiento de gas natural y en medidas para normalizar el suministro en un horizonte de tres a cuatro años.

Durante la audiencia, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, advirtió sobre los riesgos de un eventual racionamiento eléctrico y recordó las consecuencias del apagón de 1992. Según las estimaciones expuestas por el mandatario, una situación similar podría generar pérdidas económicas por $30,7 billones, poner en riesgo cerca de 210.000 empleos y llevar a 480.000 personas adicionales a la pobreza monetaria.

Verano también alertó sobre los posibles efectos del fenómeno de El Niño en la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica y destacó la importancia de garantizar el suministro de gas para respaldar las plantas térmicas.

Ante este panorama, propuso crear una mesa nacional de seguridad energética para 2026-2027, acelerar la expansión de las redes de transmisión y distribución en el Caribe, establecer una ruta financiera para estabilizar la operación de Air-e sin trasladar sus desequilibrios a los usuarios y realizar una revisión regulatoria diferenciada para la región.

El gobernador sostuvo que las restricciones en la capacidad eléctrica y las dificultades para habilitar nuevas conexiones afectan la llegada de inversiones industriales y logísticas. Por ello, pidió coordinar medidas que permitan mejorar la confiabilidad del servicio y responder a las necesidades de los usuarios y del sector productivo.

Durante la jornada, la ministra de Minas y Energía, María Noemí Arboleda, señaló que la crisis requiere soluciones tanto para la región Caribe como para el resto del país. También indicó que el Ministerio y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) trabajan en medidas regulatorias relacionadas con las inversiones y la prestación del servicio.

Por su parte, el gerente de Air-e Intervenida, Ramiro Castilla, manifestó que la empresa necesita medidas regulatorias y operativas para garantizar la continuidad del servicio, además de recursos para financiar inversiones y avanzar en la normalización de sus operaciones. También destacó la importancia de fortalecer la gestión social y promover el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte de los usuarios.

Desde la Región Administrativa y de Planificación del Caribe (RAP Caribe), su gerente, Jesús Pérez, informó que la entidad cuenta con 49 proyectos estructurados a partir de mesas de trabajo realizadas en los departamentos de la región, orientados a responder a los desafíos energéticos.

Entre los asuntos financieros expuestos durante la audiencia se indicó que Afinia requiere $800.000 millones para garantizar su operación hasta finalizar el año, en medio de una deuda global de $6,3 billones. En cuanto a Air-e, se informó que, bajo intervención, ha ejecutado inversiones superiores a $23.000 millones.

Asimismo, se destacó la disponibilidad de $1,5 billones para respaldar la generación térmica y reducir su exposición a las variaciones del mercado de bolsa. Durante el encuentro también se mencionó que, en septiembre, la tarifa de energía en el Caribe se ubicó en $940 por kilovatio hora, por debajo del promedio nacional, según las cifras presentadas.

La audiencia concluyó con un llamado a fortalecer la coordinación entre las instituciones, las empresas y las autoridades territoriales para atender los problemas financieros del sector, reducir las pérdidas de energía, mejorar la infraestructura y garantizar un servicio eléctrico confiable.

Los compromisos planteados deberán traducirse en acciones concretas y mecanismos de seguimiento para evaluar los avances frente a los desafíos energéticos del país.