Un juez penal de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro integrantes de la Policía Nacional investigados por la muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años, quien habría sido víctima de agresiones físicas y descargas eléctricas durante un procedimiento policial y su posterior permanencia en una estación de Soacha, Cundinamarca.

Los uniformados fueron identificados como el mayor Roque Correa Yánez, el subintendente Henar Santiago Tapiero Tique y los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero. La decisión se produjo tras una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la investigación por hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2026.

Según el ente acusador, el procedimiento comenzó en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, cuando los policías atendieron una discusión entre vecinos. En medio de la situación, Balanta Paz presuntamente lanzó un objeto contra los uniformados, por lo que fue inmovilizado y aprehendido. Durante la intervención, al parecer, recibió golpes, patadas y varias descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la estación de Policía de Cazucá, en Soacha, donde, de acuerdo con la investigación, habría permanecido esposado y semidesnudo mientras continuaban las agresiones. La Fiscalía sostiene que allí recibió otras tres descargas eléctricas y que, pese a manifestar dificultades para respirar y solicitar atención médica, no habría sido trasladado oportunamente a un centro asistencial.

Un detenido que se encontraba en el lugar alertó sobre el estado de salud de Balanta Paz. Sin embargo, habrían transcurrido cerca de 20 minutos antes de que fuera llevado a un hospital, al que llegó sin respiración y con pulso débil. Horas después se confirmó su muerte.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicó que el fallecimiento estaría relacionado con una arritmia cardíaca provocada por descargas eléctricas, según la información entregada por la Fiscalía.

En cuanto a las presuntas responsabilidades individuales, el patrullero Giraldo Torres habría aplicado las descargas eléctricas y registrado en los informes oficiales que el ciudadano recibió buen trato. Los patrulleros Vargas Romero y el subintendente Tapiero Tique estarían implicados en agresiones físicas, mientras que el mayor Correa Yánez es señalado de permitir los golpes, no gestionar atención médica inmediata y consignar información presuntamente contraria a lo ocurrido.

La Fiscalía imputó a los cuatro uniformados los delitos de tortura agravada y homicidio agravado. Además, Giraldo Torres y Correa Yánez fueron vinculados por el delito de falsedad ideológica en documento público. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

La investigación fue adelantada por fiscales de la Seccional Cundinamarca y de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con un enfoque diferencial étnico-racial. El proceso continuará para establecer las responsabilidades penales correspondientes.