La Defensoría del Pueblo y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) emitieron una grave advertencia sobre la agudización del confinamiento forzado en el país. Según el último reporte, entre enero y marzo de este año, aproximadamente 39.000 personas se vieron obligadas a encerrarse en sus territorios para proteger sus vidas, lo que representa un incremento del 63 % en el número de afectados en comparación con el mismo periodo de 2025.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que la fragmentación del conflicto armado está golpeando con especial sevicia a las comunidades indígenas y afrodescendientes en departamentos como Cauca, Chocó, Antioquia y Bolívar. Estas poblaciones enfrentan restricciones severas a la movilidad que les impiden acceder a alimentos, salud y educación, poniendo en riesgo su pervivencia cultural y física. En lo que va del año, de los 26 eventos de confinamiento documentados, 17 han afectado directamente a territorios étnicos.

Por su parte, Giovanni Lepri, representante de Acnur en Colombia, subrayó que el fenómeno presenta desafíos urgentes en términos de prevención y respuesta humanitaria, la cual sigue siendo «insuficiente y tardía» según la Defensoría. La alerta fue presentada durante la inauguración de la exposición fotográfica Paraísos Confinados en Bogotá, una muestra que busca visibilizar el drama silencioso de miles de colombianos que viven bajo el control de grupos armados no estatales.

Ante este panorama, el organismo humanitario instó al Gobierno Nacional a fortalecer la presencia institucional en las zonas rurales más apartadas y a agilizar la inclusión de las víctimas en el Registro Único (RUV). La Defensoría reiteró que, aunque existen avances normativos como el reciente Decreto 525 de 2025, la realidad en los territorios exige acciones contundentes para romper los cercos impuestos por la violencia y garantizar el derecho fundamental a la libre locomoción.