En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó un preocupante diagnóstico sobre la judicialización de la salud en el país. Según el informe, los recursos de amparo para proteger este derecho fundamental pasaron de 265.000 en 2024 a más de 312.500 en 2025, lo que representa un incremento cercano al 18 %. Actualmente, el 34 % de todas las tutelas presentadas en Colombia corresponden a reclamos por servicios médicos, medicamentos y tratamientos.

La Defensoría advirtió que la tutela ha dejado de ser un mecanismo excepcional para convertirse, en muchos casos, en la única puerta de entrada al sistema de salud. El informe destaca que el 74,3 % de estas acciones son falladas a favor del ciudadano, lo que confirma una vulneración real y sistemática de derechos. Las patologías más representadas en estos procesos judiciales incluyen enfermedades del sistema circulatorio, hipertensión y trastornos mentales, además de afecciones de alta complejidad como el cáncer y la epilepsia.

Un hallazgo crítico del estudio es la «doble exclusión» que sufren las regiones más pobres del país. Departamentos como La Guajira, Chocó y Vichada registran las tasas más bajas de judicialización, lo que, según la Defensora, no indica un mejor servicio, sino barreras extremas para acceder incluso a la justicia. Ante este panorama, el organismo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para avanzar en una reforma estructural que reduzca la dependencia de los juzgados y garantice la equidad territorial en la atención médica.