La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) lanzó una dura advertencia sobre el impacto de los recientes aranceles impuestos por el Gobierno Nacional a insumos estratégicos como el hierro, el acero y productos cerámicos. Según el gremio, estas medidas generarán una presión directa al alza en los precios de los inmuebles, dificultando el acceso a una vivienda digna para miles de familias y profundizando la crisis de un sector que ya acumula 33 meses consecutivos de caída en las iniciaciones.  

De acuerdo con las estimaciones de Camacol, el hierro y el acero representan aproximadamente el 16,3% de los costos directos de construcción. Con la nueva política arancelaria, se prevén incrementos de hasta el 35% en estos insumos, lo que elevaría los costos de obra en un 3,9% y se traduciría en un aumento del 2,2% en el precio final de la vivienda. Guillermo Herrera, presidente de Camacol, cuestionó la coherencia de la medida estatal al señalar la contradicción de encarecer la producción de vivienda mientras se discuten proyectos para reducir los topes de precio de la Vivienda de Interés Social (VIS).  

El impacto también se refleja en el mercado laboral y la estabilidad del sector. Mientras el Gobierno argumenta que la medida busca proteger 50 mil empleos en la industria siderúrgica, el sector edificador reporta la pérdida de más de 136 mil puestos de trabajo y una actividad económica reducida a niveles del año 2012. Camacol enfatizó que la construcción emplea directamente a más de un millón de personas, por lo que restringir la oferta formal no solo incentiva la informalidad, sino que pone en riesgo la recuperación económica del país.  

Finalmente, el gremio aseguró que la intervención carece de sustento técnico suficiente, afirmando que no hay evidencia de prácticas irregulares en los precios del acero importado que justifiquen el arancel. Ante este panorama, Camacol anunció que se encuentra evaluando acciones jurídicas contra la medida, calificándola como inconsistente con la política nacional de vivienda y los objetivos de control de inflación en un país que enfrenta un déficit habitacional de 2,5 millones de hogares.