La Contraloría General de la República emitió una advertencia formal al Gobierno Nacional tras identificar posibles riesgos fiscales y jurídicos derivados de la reducción de recursos para el proyecto de restauración de los ecosistemas del Canal del Dique. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, notificó a los ministerios de Hacienda y Transporte, así como a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que cualquier alteración unilateral en el flujo de fondos pactados podría derivar en incumplimientos contractuales con graves consecuencias legales.

El ente de control fundamenta su preocupación en la existencia de contradicciones normativas entre los decretos 1472 y 1484, expedidos al cierre de 2025. Según el organismo, estas discrepancias generan incertidumbre sobre la disponibilidad de vigencias futuras ya comprometidas para el contrato de concesión. La Contraloría subrayó que el uso de estos recursos para fines distintos a los establecidos originalmente expondría a la Nación al pago de intereses moratorios y a enfrentar litigios de cuantía millonaria en tribunales nacionales e internacionales.

Finalmente, el oficio enfatiza que los funcionarios que autoricen el desvío de los fondos presentes en patrimonios autónomos podrían enfrentar responsabilidades de índole penal y disciplinaria. Con este pronunciamiento, el organismo de control busca blindar la estabilidad financiera de la obra y evitar que el erario público se vea afectado por indemnizaciones judiciales derivadas de la falta de coherencia en la planeación presupuestal del Ejecutivo.