La relación bilateral entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de gravar con un 30% las mercancías colombianas. El mandatario ecuatoriano justificó la decisión alegando que sus militares enfrentan al crimen organizado en la frontera sin el apoyo recíproco de las fuerzas de seguridad de Colombia. Esta medida busca presionar al Gobierno de Gustavo Petro para intensificar los operativos contra los Comandos de la Frontera y otros grupos disidentes que controlan rutas de narcotráfico y enclaves de minería ilegal en la región.

Desde el Gobierno de Colombia, la respuesta ha sido de rechazo y defensa de su gestión. El Ministerio de Defensa destacó operaciones conjuntas recientes que permitieron la incautación de toneladas de droga, contradiciendo la versión de falta de cooperación. No obstante, las declaraciones del presidente Petro sobre la situación jurídica y de salud de Jorge Glas han profundizado la brecha política entre ambos mandatarios. La caracterización de Glas como colombiano por parte de Petro y su petición de libertad han sido interpretadas en Ecuador como una injerencia en asuntos internos y judiciales.

Expertos y líderes gremiales han hecho un llamado a la cordura y a la instalación de mesas de trabajo técnicas para evitar que la problemática escale a un bloqueo comercial total. El impacto de los aranceles podría encarecer productos básicos en Ecuador y golpear las exportaciones no minero-energéticas de Colombia. En un contexto donde Ecuador aún enfrenta fragilidad energética y una guerra interna contra el terrorismo, la introducción de barreras comerciales con su vecino del norte añade un factor de inestabilidad económica para ambas naciones en el inicio del año 2026.