La Contraloría General de la República continúa realizando un especial seguimiento a la apropiación y ejecución de los recursos públicos asignados por el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como por los departamentos y municipios afectados por las intensas lluvias de las últimas semanas.

Tras una visita técnica a las zonas inundadas de Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, en el departamento de Córdoba, el ente de control advirtió que en varias áreas las aguas permanecen estancadas. Según la entidad, esta situación podría requerir bombeo mecánico para conducir el agua hacia ríos y caños cercanos, con el fin de evitar mayores afectaciones físicas y riesgos para la salud de las comunidades damnificadas, debido al inicio del proceso de descomposición del agua acumulada.

En cuanto a la presunta orden de eliminar diques y compuertas ubicados en las zonas inundadas, la Contraloría expresó su preocupación ante la posibilidad de que estas estructuras sean retiradas sin verificar previamente si cuentan con estudios hidráulicos y con la debida autorización de instalación y funcionamiento por parte de la autoridad ambiental y demás entidades competentes.

La entidad advirtió que una decisión de este tipo podría generar riesgos mayores, afectar el patrimonio público, alterar el funcionamiento hidrológico de la zona y desconocer derechos adquiridos legalmente.

La magnitud de la emergencia es significativa. A la fecha se reportan 81.114 familias afectadas, equivalentes a 225.675 personas, en 25 municipios de Córdoba. Además, se contabilizan 150.500 hectáreas de cultivos inundadas; 65 acueductos afectados; 16 centros de salud; 464 instituciones educativas; 1.948 kilómetros de vías; 124 puentes vehiculares y un puente peatonal con daños.

Ante este panorama, la Contraloría instó al Gobierno Nacional y, en particular, a la UNGRD, a redoblar esfuerzos para atender de manera pronta y adecuada a los damnificados por la severa temporada invernal, priorizando y agilizando la entrega de ayudas.

Asimismo, el ente de control reiteró su llamado a los entes territoriales para que sean rigurosos y ágiles en la elaboración del Registro Único de Damnificados (RUD), y para que, con acompañamiento ciudadano y en coordinación con la UNGRD, adopten las medidas de atención, prevención y mitigación necesarias. El objetivo, señaló, es garantizar la protección efectiva de los afectados y asegurar una contratación transparente y eficiente de las obras y servicios requeridos para superar la emergencia.

Actualmente, el reporte en el RUD alcanza el 95 % del estimativo de personas afectadas.