Corte Constitucional confirma que Dayana Jassir debe quedar en libertad mientras se resuelve su recurso

La Corte Constitucional confirmó que Dayana Jassir De la Hoz debe recuperar su libertad de manera inmediata, siempre que no exista otra orden judicial vigente que justifique su detención, mientras la autoridad judicial competente adopta una nueva decisión sobre la orden de captura en su contra.

La determinación está contenida en la sentencia SU-120 de 2026, notificada este miércoles a los sujetos procesales. El alto tribunal dejó sin efecto el apartado de la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla que ordenaba la captura inmediata de Jassir y le dio un plazo máximo de 48 horas para emitir una nueva determinación, en la que deberá evaluar de manera expresa e individualizada si es necesaria su privación de la libertad antes de que la condena quede en firme.

El caso está relacionado con el asesinato de Eduardo Pinto Viloria, quien se desempeñaba como director regional norte de Medicina Legal y fue asesinado el 4 de mayo de 2016. Por estos hechos, el Tribunal Superior de Barranquilla revocó la absolución de primera instancia y condenó a Jassir a 57 años y seis meses de prisión. La defensa interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que está pendiente de resolución.

La discusión de la Corte Constitucional se centra en la necesidad de mantener la orden de captura mientras se resuelve ese recurso. La decisión no equivale a una absolución ni elimina la condena impuesta por el Tribunal Superior, sino que exige una nueva valoración judicial sobre la privación de la libertad durante el trámite pendiente.

Jassir fue capturada inicialmente en junio de 2016 y posteriormente obtuvo la libertad por vencimiento de términos en febrero de 2018. Tras varios años de proceso, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Barranquilla la absolvió en noviembre de 2024, al señalar dudas y contradicciones en los testimonios presentados por la Fiscalía.

Sin embargo, luego de una apelación, el Tribunal Superior de Barranquilla revocó esa absolución y dictó la condena de 57 años y seis meses de prisión, además de ordenar su captura en mayo de 2025. Ahora, mientras la Corte Suprema estudia el recurso de casación, el Tribunal deberá cumplir la orden de la Corte Constitucional y pronunciarse nuevamente sobre la necesidad de mantenerla privada de la libertad.

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