La Corte Suprema de Justicia solicitó una declaración juramentada al presidente Gustavo Petro para ampliar las afirmaciones realizadas sobre una presunta extorsión relacionada con la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta.

La diligencia hace parte de las actuaciones adelantadas por el alto tribunal para conocer el alcance de los señalamientos hechos por el mandatario y recopilar información que permita establecer si existen elementos para continuar con el análisis del caso.

La controversia se originó luego de que Arizabaleta impulsara una medida para suspender temporalmente al presidente dentro de una investigación por presunta participación en política, decisión que generó reacciones desde distintos sectores políticos y jurídicos.

Posteriormente, Petro aseguró que algunas actuaciones adelantadas en su contra estarían relacionadas con presiones indebidas y pidió que dichas situaciones fueran conocidas por las autoridades competentes.

Por ahora, la Corte no ha adoptado decisiones de fondo y el proceso continúa en etapa de verificación.