Una ola de indignación sacude a los sectores residenciales y productivos de Barranquilla ante las recientes liquidaciones del impuesto predial correspondientes al año 2026. Ciudadanos y gremios económicos han denunciado aumentos que, en casos extremos, oscilan entre el 40 % y el 300 %, lo que ha encendido las alarmas sobre la capacidad de pago de los contribuyentes y la transparencia en los procesos de actualización catastral realizados por el Distrito.

Ante la gravedad de las denuncias, el Concejo de Barranquilla aprobó la realización de debates de control político para que la gerencia de Gestión Catastral explique los criterios técnicos aplicados. Concejales de diversas bancadas han manifestado que existe una «desconexión» entre los nuevos valores de los predios y la realidad económica de las familias, señalando que estos incrementos golpean directamente el bolsillo de los barranquilleros y la sostenibilidad de los pequeños negocios y comerciantes.

Por su parte, el Comité Intergremial Unidos por el Atlántico calificó las alzas como «intempestivas e injustificadas». Su dirigencia advirtió que el aumento de la carga tributaria en el sector empresarial podría frenar la generación de empleo y afectar la dinámica económica de la ciudad. Los gremios exigen claridad y equidad, argumentando que el avalúo debe reflejar de manera justa las características físicas de los inmuebles y las condiciones actuales del mercado inmobiliario.

En respuesta a las críticas, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la oficina de Gestión de Ingresos, defendió el proceso asegurando que la mayoría de los predios mantienen incrementos dentro de los límites legales. Según el Distrito, las alzas significativas corresponden a predios que no estaban plenamente identificados en años anteriores o que sufrieron modificaciones urbanísticas sustanciales. Mientras el debate avanza en el cabildo, la administración recordó que el plazo para obtener el descuento del 10 % por pronto pago vence este 27 de marzo.