En una movilización conjunta sin precedentes, diversas organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y el Consejo Consultivo de Mujeres del Atlántico han emitido un contundente pronunciamiento público este 7 de abril de 2026, denunciando la alarmante escalada de violencia de género en el departamento. La situación ha alcanzado niveles críticos, reportándose a la fecha el asesinato de 25 mujeres en el territorio, una cifra que las líderes califican como una muestra de la ineficacia institucional para proteger la vida y la integridad de las ciudadanas.  

El documento resalta casos de profunda gravedad, como el de la joven Dayana Vargas, quien tras desaparecer en el sector Alameda fue hallada en Palomino, La Guajira, desorientada y sin memoria de los hechos. Para las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran el Bloque Feminista, la Fundación Matronas y la Red de Mujeres Lideresas, estos episodios no son hechos aislados, sino patrones de violencia que se ven agravados por el miedo de las víctimas a denunciar y una preocupante desconfianza en las instituciones.  

Ante este panorama, la investigadora Alejandra Moreno Astwood y diversas colectivas han dirigido una solicitud formal al Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y al Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, exigiendo la convocatoria inmediata de un Consejo de Seguridad con enfoque de género. Esta petición, amparada en la Ordenanza 622 de 2024, busca que el espacio no sea un acto protocolario, sino un centro de toma de decisiones reales para frenar los feminicidios y fortalecer las rutas de atención, las cuales actualmente consideran fragmentadas y lentas.  

Las exigencias de las mujeres del Atlántico son claras: declaratoria de urgencia frente a la Violencia Basada en Género (VBG), garantías reales de acceso a la justicia y un monitoreo riguroso en los territorios más vulnerables. «La inacción también tiene consecuencias», advierten las lideresas, subrayando que la defensa de la dignidad y la vida de las mujeres no es negociable y que el Estado debe priorizar la protección efectiva antes de que la violencia siga escalando en el departamento.