Este viernes se desarrolla en Barranquilla un espacio de diálogo para la construcción conjunta de la hoja de ruta hacia la paz urbana en la ciudad y su área metropolitana, en el marco de los acercamientos que se adelantan con estructuras criminales en el Atlántico.
El evento es convocado por la Consejería Comisionada de Paz y el Instituto para la Paz y la Democracia de la Universidad Autónoma del Caribe. Participan representantes del Gobierno Nacional como Camilo Pineda, delegado para el Espacio de Conversación Sociojurídico de Barranquilla; David Luquetta, director del Instituto; y el padre Cyrillus Swinne, quien actúa como facilitador del proceso.
El politólogo e investigador Alejandro Blanco, de la Universidad Libre, explicó que este tipo de escenarios responden al enfoque de la llamada paz total.
“Este tipo de espacios son propios del ejercicio de diálogo en clave de paz total. La ley exige que se abra la discusión a la comunidad científica, social y periodística”, afirmó.
Según el académico, uno de los principales objetivos del encuentro es definir con claridad el alcance de una eventual mesa de negociación.
“Un objetivo clave de la hoja de ruta es dejarle claro a la ciudadanía qué se va a conversar y cuáles serían los fines estratégicos, especialmente pensando en las víctimas”, señaló.
Blanco advirtió que todo proceso con estructuras criminales implica riesgos y posiciones encontradas en la opinión pública.
“Todo proceso de paz con una estructura criminal implica riesgos, tanto para quienes tienen delegación oficial como para los distintos sectores que participan. Es un proceso que tiene seguidores, pero también detractores”, indicó.
En cuanto al marco jurídico, recordó que actualmente el sustento es la Ley de Paz Total, apoyada en el artículo 22 de la Constitución, aunque cualquier acuerdo que contemple beneficios penales deberá pasar por el Congreso.
“No hay posibilidad de que el presidente decrete un marco jurídico de fondo. Cualquier decisión debe ser discutida y aprobada por el Congreso para garantizar legitimidad institucional”, precisó.
El encuentro se realiza en medio de un panorama complejo de seguridad en el Atlántico, marcado por el aumento de homicidios, disputas territoriales entre estructuras criminales y altos niveles de extorsión.
“Más allá del homicidio, hay un tema clave que debe estar sobre la mesa y es la extorsión, que está llegando a niveles muy altos en Barranquilla y el Atlántico”, concluyó el investigador.
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