En un movimiento estratégico para blindar la transparencia de las próximas elecciones, el Gobierno Nacional anunció que ofrecerá una recompensa de hasta 50 millones de pesos para aquellos ciudadanos que denuncien de manera efectiva la comisión de delitos electorales. El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que la medida busca atacar directamente fenómenos como la compra de votos y la trashumancia o «trasteo» de electores en todo el territorio nacional.
Durante su participación en el foro «Elecciones 2026: ¿Cómo van las garantías electorales?», organizado por la casa editorial El Tiempo, el jefe de la cartera política explicó que esta iniciativa surgió tras diversas reuniones de Seguimiento Electoral con el Ministerio de Defensa. Según Benedetti, a pesar de los esfuerzos previos, delitos críticos como el pago por el sufragio seguían sin recibir la atención necesaria en las discusiones técnicas, por lo que este incentivo económico se presenta como una herramienta novedosa para romper el silencio en las regiones.
El ministro fue enfático al cuestionar la operatividad en los territorios, señalando que mientras la ciudadanía suele conocer con precisión los puntos donde se negocian los votos, las autoridades policiales a veces carecen de esa información inmediata. En este sentido, la recompensa no solo busca capturar a los responsables, sino también identificar estos lugares estratégicos para garantizar que el proceso electoral recupere su legitimidad.
Esta decisión se alinea con una directriz clara del presidente de la República, Gustavo Petro, quien ha instruido a la Policía Nacional para actuar con contundencia y capturar en flagrancia a quienes pretendan cometer fraude, especialmente en los grandes centros urbanos donde históricamente se concentran estos delitos debido a su alta densidad de población.
Para asegurar que estas medidas se traduzcan en orden público y garantías democráticas, el Gobierno confirmó que para la jornada del próximo 8 de marzo se ha dispuesto el despliegue de 142 mil uniformados de la Policía Nacional en todo el país. Este contingente tendrá la misión de vigilar cada puesto de votación y reaccionar ante las denuncias que se reciban bajo este nuevo esquema de recompensas, asegurando que la voluntad popular sea el único factor determinante en las urnas.
