La justicia guatemalteca ha emitido órdenes de captura contra el exministro de Defensa colombiano y exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez, y la actual Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo. Las autoridades judiciales solicitarán una circular roja a Interpol, vinculándolos a supuestos actos de corrupción en el marco del caso Odebrecht.
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, ha ordenado las capturas por los presuntos delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. El Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, ha indicado que se notificará a Interpol para proceder con las aprehensiones.
Según Curruchiche, «la estructura criminal, presuntamente liderada por Iván Velásquez Gómez, habría favorecido a empresarios de la constructora Odebrecht, causando pérdidas al Estado de Guatemala por más de 3 mil millones de Quetzales». A la lista de personas requeridas se suman Juan Pablo Carrasco de Groot, expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Estadounidense; Luis David Gaitán Arana, exmandatario de la CICIG; y los exfiscales Rudy Manolo Herrera Lemus y Ami Mayra Lissed Girón Rodas.
El papel de Velásquez y Camargo en Guatemala:
Iván Velásquez Gómez, exministro de Defensa colombiano y actual embajador en el Vaticano, lideró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entre 2014 y 2019. Durante su gestión, la CICIG, establecida por Naciones Unidas para apoyar a las autoridades guatemaltecas en la lucha contra la corrupción, logró numerosas condenas en el caso Odebrecht y otros escándalos de corrupción.
Entre los casos más destacados bajo su dirección, se encuentra el de defraudación aduanera conocido como «La Línea», que involucró a 22 personas, incluyendo a Juan Carlos Monzón, secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti. Otro caso relevante fue el de los contratos anómalos ejecutados por la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con la empresa farmacéutica PISA, que resultó en la muerte de pacientes por deficiencias en tratamientos renales.
Como resultado de las investigaciones de la CICIG, se lograron condenas significativas, incluyendo la del expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes fueron sentenciados a 16 años de prisión por asociación ilícita y defraudación tributaria en el caso La Línea. A estas condenas se sumaron las de al menos siete exministros, varios diputados y empresarios guatemaltecos, todos relacionados con casos de corrupción.
