La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 militares, incluyendo cinco generales, como presuntos máximos responsables de un total de 604 casos de ejecuciones extrajudiciales, comúnmente conocidos como «falsos positivos», ocurridos en la región de la Costa Caribe colombiana.

La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP se fundamenta en el análisis de una muestra representativa de las bajas reportadas por 19 unidades militares en la Costa Caribe entre los años 2002 y 2008. Durante su investigación, la Sala examinó minuciosamente 796 muertes presentadas como resultados operacionales, determinando que 604 de ellas, lo que representa casi el 76%, fueron ilegales.

Junto a los generales, la JEP también imputó a siete coroneles, entre ellos William Hernán Peña Forero, quien ostentó el cargo de comandante de la XI Brigada entre 2006 y 2007. Adicionalmente, se atribuyó responsabilidad a otros 16 oficiales y suboficiales por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en la comisión de estos crímenes.

Según la JEP, además de las 604 víctimas documentadas en el periodo priorizado, la Sala registró el asesinato de otras 13 personas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate fuera de este lapso, es decir, antes de 2002 o después de 2008. El magistrado Óscar Parra reveló un caso particularmente grave ocurrido en 1995, donde un adolescente fue asesinado al explotarle una granada en la cabeza por militares, quienes posteriormente exhibieron su cuerpo en las calles de San Pablo, Bolívar, presentándolo como un guerrillero dado de baja en combate.

De acuerdo con el expediente de la JEP, «los generales involucrados fueron declarados máximos responsables por propagar el fenómeno de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate».

Entre las 604 víctimas identificadas entre 2002 y 2008, se encuentran 31 indígenas de los pueblos wiwa, wayú y kankuamo, 26 niños y niñas, y 14 mujeres, una de las cuales estaba embarazada. Hasta la fecha, 122 víctimas aún no han sido identificadas.

El magistrado Parra señaló que «la investigación reveló que los Pueblos Indígenas sufrieron un daño desproporcionado y diferenciado, lo que causó su desarraigo y el desplazamiento forzado de sus territorios. Esto comprometió su seguridad alimentaria y afectó gravemente su tejido social y económico».